El fiscal de Estado sanjuanino, Sebastián Dávila, afirmó que la delimitación entre ambas provincias quedó consolidada con leyes nacionales y sostuvo que cualquier modificación sólo puede ser resuelta por el Congreso. Además, recordó que los intentos riojanos de revisar la cuestión «nunca tuvieron eco» a nivel nacional.

La disputa territorial entre La Rioja y San Juan sumó un nuevo capítulo. El fiscal de Estado sanjuanino, Sebastián Dávila, salió a responder el reclamo impulsado por el gobierno de Ricardo Quintela y aseguró que una provincia «no puede fijar por sí misma los límites» con otra jurisdicción, al tiempo que defendió la plena vigencia de la delimitación establecida por la Ley Nacional 18.004 y posteriormente ratificada por el Congreso.

El funcionario sostuvo que la posición de San Juan se apoya tanto en antecedentes jurídicos como en trabajos técnicos desarrollados durante las últimas décadas.

«Cada vez que analizamos esta situación advertimos que existe mucho trabajo realizado para fijar y mantener el límite. Hay legislación, estudios técnicos y tareas desarrolladas por ambas provincias junto al Instituto Geográfico Nacional que consolidan claramente esa delimitación», afirmó.

«Los límites fueron ratificados en democracia»

Dávila rechazó uno de los principales argumentos esgrimidos desde La Rioja, referido al origen de la Ley 18.004 durante un gobierno de facto.

Según explicó, aunque la norma tuvo ese origen, posteriormente fue convalidada por instituciones democráticas.

«El límite está sustentado jurídicamente en una legislación que nació durante un gobierno de facto, pero después fue ratificado en democracia mediante una ley nacional aprobada por el Congreso», señaló.

El fiscal recordó además que posteriormente se realizaron tareas de actualización cartográfica y georreferenciación utilizando nuevas tecnologías, con participación de equipos técnicos de ambas provincias y del Instituto Geográfico Nacional.

«Una provincia no puede modificar unilateralmente los límites»

El funcionario fue categórico al referirse a la ley sancionada recientemente por la Legislatura riojana para rechazar los límites actuales y habilitar acciones judiciales.

«Tengo entendido que se sancionó una ley que constituye una declaración unilateral. Pero una provincia no puede fijar por sí misma los límites con otra provincia. Esa es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación y así lo establece la Constitución Nacional», afirmó.

En ese sentido, remarcó que cualquier modificación territorial requeriría un procedimiento legislativo nacional.

El camino institucional

Consultado sobre la posibilidad de revisar la delimitación vigente, Dávila explicó que el primer paso sería dejar sin efecto la legislación actual.

«Primero habría que derogar la Ley 18.004, que además fue ratificada en 2014. Recién después podría discutirse un nuevo límite, si existiera un acuerdo o una decisión del Congreso», sostuvo.

También recordó que distintos legisladores riojanos impulsaron iniciativas similares en años anteriores sin éxito.

«Los legisladores de La Rioja ya intentaron en varias oportunidades modificar esta situación y esos planteos nunca tuvieron eco en el Congreso Nacional», concluyó.

Las declaraciones profundizan la respuesta institucional de San Juan frente a la ofensiva política y legislativa impulsada por el gobierno de Ricardo Quintela, que sostiene un reclamo histórico sobre sectores actualmente administrados por la provincia vecina y anticipó que buscará llevar la controversia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.