El secretario de Asuntos Académicos aseguró que la modificación responde a la necesidad de modernizar la Universidad y afirmó que la extensión de los mandatos de tres a cuatro años comenzará a regir recién desde las elecciones de 2027.

El secretario de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Andrés Vera, defendió la reforma del Estatuto Universitario aprobada por la Asamblea Universitaria y rechazó las críticas que sostienen que los cambios fueron impulsados para favorecer a la actual conducción de la casa de estudios.

Durante una entrevista radial, el funcionario explicó que la actualización de la norma responde a un proceso de modernización institucional y no a intereses personales. «Toda institución tiene que mantener su normativa actualizada. El actual estatuto tiene diez años y era necesario adecuarlo para acompañar los procesos de transformación que impulsa la Universidad», sostuvo.

Uno de los principales cambios aprobados fue la extensión de los mandatos del rector, vicerrector, decanos y demás autoridades unipersonales de tres a cuatro años, manteniendo el límite de una sola reelección.

En ese sentido, Vera aclaró que la reforma no modifica las posibilidades electorales de la actual rectora, Natalia Álbarez Gómez.

«La actual gestión ya tenía derecho a una reelección con el estatuto vigente. Lo único que cambia es que las nuevas reglas comenzarán a aplicarse en el próximo proceso electoral, previsto para 2027», explicó.

El funcionario también destacó que la mayoría de las universidades nacionales ya cuentan con mandatos de cuatro años. Según precisó, de las más de 60 universidades del país, la UNLaR era una de las pocas que todavía mantenía períodos de tres años.

Respecto de las críticas políticas, Vera sostuvo que el debate se concentró exclusivamente en la duración de los mandatos, dejando de lado otros cambios de fondo.

«Lo importante es que el estatuto fue profundamente reorganizado. Pasó de diez a once títulos, redujo la cantidad de artículos, incorporó una estructura más ordenada y actualizó normas administrativas y académicas que permiten una gestión más eficiente», afirmó.

En materia electoral, confirmó que no se modificó la ponderación de los votos de los distintos estamentos universitarios, ya que esa distribución está establecida por la Ley de Educación Superior.

Sin embargo, sí se introdujo un cambio en el sistema para definir la elección de autoridades. La diferencia necesaria para evitar una segunda vuelta pasó de 15 a 10 puntos porcentuales, manteniéndose la posibilidad de consagración directa cuando una fórmula supera el 50% de los votos.

Vera también explicó que la reforma reorganiza el funcionamiento institucional del posgrado, devolviendo a los departamentos académicos la planificación de las carreras y eliminando superposiciones de competencias que, según dijo, generaban conflictos en el esquema anterior.

Finalmente, señaló que, tras la aprobación de la Asamblea Universitaria con cerca del 89% de los votos, el nuevo Estatuto será enviado al Gobierno nacional para su revisión formal de conformidad con la Ley de Educación Superior. Una vez cumplido ese trámite administrativo, el Consejo Superior dictará la ordenanza que pondrá oficialmente en vigencia la nueva norma.