El ministro de Seguridad confirmó que fueron apartados el jefe, el subjefe y otros cinco efectivos mientras se investiga la denuncia por presuntos apremios ilegales. Aclaró que la medida es preventiva y afirmó que el Gobierno actuó de manera inmediata.

El ministro de Seguridad de La Rioja, Miguel Zárate, defendió la decisión de desplazar a la conducción de la Comisaría de Ulapes tras la denuncia por presuntos apremios ilegales contra dos personas detenidas y sostuvo que el Gobierno provincial no tolerará ningún exceso por parte de integrantes de la fuerza policial.

El funcionario explicó que la medida fue adoptada apenas las autoridades tomaron conocimiento de la denuncia y aclaró que el relevo de los efectivos no implica un prejuzgamiento sobre su responsabilidad penal.

«Fue una reacción institucional inmediata. No significa que los hechos estén acreditados, sino que ante la existencia de una denuncia decidimos apartar preventivamente a los responsables de la dependencia mientras se investiga lo ocurrido», afirmó.

Según detalló, el caso se originó durante una investigación por un robo de dinero en efectivo y documentación en una zona rural del departamento General San Martín. En ese procedimiento fueron detenidos dos sospechosos que posteriormente denunciaron haber sufrido apremios ilegales y lesiones durante el operativo.

Como consecuencia, el Ministerio resolvió apartar de sus funciones al jefe y al subjefe de la dependencia policial, además de suspender preventivamente a otros cinco efectivos que participaron del procedimiento.

«Se abrió un sumario administrativo y ya fueron designadas nuevas autoridades en la comisaría de Ulapes. Ahora corresponde determinar las responsabilidades individuales y aplicar las sanciones que establezca la ley», explicó.

Zárate sostuvo que la Dirección de Asuntos Internos lleva adelante una investigación administrativa paralela a la causa judicial y confirmó que una comisión especializada viajaría a Ulapes para recolectar pruebas y avanzar con las actuaciones.

Consultado sobre si existían antecedentes similares en esa dependencia, el ministro respondió que es la primera denuncia de esas características que llegó formalmente a su conocimiento.

«Tenemos un compromiso absoluto con los derechos constitucionales y las garantías. Bajo ningún concepto vamos a tolerar excesos en el accionar policial. Si se comprueba una conducta irregular, actuaremos sin demora», aseguró.

Respecto de las críticas formuladas por la defensa de los denunciantes sobre el procedimiento policial y la actuación médica posterior a las detenciones, el funcionario indicó que esos planteos deberán ser analizados tanto en el expediente judicial como en la investigación administrativa.

Finalmente, Zárate rechazó que el episodio pueda ser utilizado para cuestionar la política de seguridad del Gobierno provincial.

«Esto no tiene nada que ver con una gestión de gobierno. Si hubo una conducta indebida, será responsabilidad individual de quienes hayan participado. Sería una barbaridad atribuir estos hechos a una decisión política del Gobierno o del Ministerio de Seguridad», concluyó.