El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, aseguró que el organismo intervino desde que se conoció la denuncia de los dos mendocinos y confirmó que pidió informes, el apartamiento de autoridades policiales y el reemplazo del fiscal que llevaba la causa. También sostuvo que, si se comprueban los hechos, deberán aplicarse sanciones administrativas y penales.

El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, afirmó que el organismo provincial intervino desde el primer momento en la investigación por las presuntas torturas denunciadas por dos jóvenes mendocinos detenidos en la comisaría de Ulapes y aseguró que el objetivo es que el caso se esclarezca con celeridad y que los responsables reciban las sanciones correspondientes.

Brizuela explicó que el mismo día en que tomó conocimiento de las denuncias envió pedidos de informes a la comisaría de Ulapes, a la Unidad Regional de Chepes, al jefe de Policía y al ministro de Seguridad, al considerar que las acusaciones eran de «extrema gravedad» y requerían una respuesta inmediata por parte de la fuerza policial.

«Pedimos que se investigara rápidamente y que se dieran señales claras de que existía voluntad de esclarecer lo ocurrido», sostuvo.

Pedido de apartamiento del fiscal

El funcionario también confirmó que, junto al abogado querellante, impulsó el apartamiento del fiscal que inicialmente tenía a su cargo la investigación, al entender que el avance de la causa era insuficiente y que el paso del tiempo podía comprometer pruebas fundamentales.

Según explicó, posteriormente se designó un nuevo fiscal que comenzó a adoptar medidas procesales con mayor rapidez, entre ellas la inspección de la dependencia policial y el secuestro de documentación vinculada al procedimiento cuestionado.

Brizuela destacó además la actuación de la División Asuntos Internos de la Policía, que retiró registros fílmicos y documentación de la dependencia y avanzó con las primeras actuaciones administrativas.

Separación de policías

El secretario valoró las decisiones adoptadas por la conducción policial y el Ministerio de Seguridad, que incluyeron el apartamiento de los jefes de la comisaría y, posteriormente, de los efectivos que prestaban servicio el día de los hechos denunciados.

«Era una medida necesaria para garantizar una investigación transparente», afirmó.

No obstante, aclaró que las responsabilidades deberán determinarse durante la investigación y que, de comprobarse los hechos, corresponderán tanto sanciones disciplinarias para la cadena de mando como responsabilidades penales para quienes hayan participado directamente.

Contacto permanente con las víctimas

Brizuela señaló que mantiene comunicación permanente con las familias de los dos jóvenes, quienes ya regresaron a Mendoza, y aseguró que desde la Secretaría de Derechos Humanos continuarán acompañando el proceso judicial.

Indicó además que uno de los denunciantes permanece con un fuerte impacto psicológico producto de los presuntos tormentos sufridos durante la detención, mientras que el otro continúa bajo tratamiento médico por lesiones compatibles con fracturas costales.

El funcionario sostuvo que las víctimas manifestaron preocupación porque algunos de los efectivos denunciados continuaban prestando servicio hasta que finalmente fueron separados de sus funciones.

«Queremos que haya justicia»

El titular de Derechos Humanos remarcó que la investigación debe avanzar hasta determinar todas las responsabilidades.

«Lo que buscamos es el esclarecimiento de los hechos y que exista justicia, tanto desde el punto de vista administrativo como penal», concluyó.

La causa continúa ahora bajo la órbita del nuevo fiscal interviniente, mientras la investigación administrativa sigue su curso dentro de la Policía provincial para determinar la eventual responsabilidad de los efectivos involucrados.