La secretaria Legislativa, Teresita Luna, sostuvo una reunión con autoridades de la Cámara de Diputados para repasar los antecedentes legislativos del diferendo limítrofe y reafirmó que el conflicto debe resolverse por las vías institucionales del sistema federal.

El Gobierno de La Rioja continúa consolidando su estrategia política e institucional en el conflicto limítrofe con San Juan. La secretaria Legislativa, Teresita Luna, mantuvo una reunión con el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados provincial para analizar los antecedentes parlamentarios que respaldan la posición riojana sobre la controversia territorial.

Según explicó la funcionaria, el encuentro tuvo como eje el repaso de las actuaciones realizadas en el Congreso de la Nación a lo largo de los años, con el objetivo de fortalecer el sustento jurídico e institucional del reclamo que impulsa la provincia.

«Compartimos los antecedentes en el Congreso de la Nación en las cuestiones limítrofes de la provincia, por ser éste o la Justicia los órganos institucionales que deben resolver cualquier conflicto que afecte el sistema federal argentino», expresó Luna.

La definición se enmarca en la estrategia desplegada por la administración de Ricardo Quintela luego de reactivar el reclamo por los límites provinciales establecidos durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. El Gobierno riojano sostiene que nunca convalidó la modificación territorial impuesta por la Ley Nacional 18.004 de 1968 y argumenta que existen antecedentes legislativos y administrativos que respaldan su posición histórica.

El oficialismo provincial busca así trasladar el debate del plano político al institucional, insistiendo en que cualquier definición debe producirse dentro de los mecanismos previstos por la Constitución Nacional, ya sea mediante una decisión del Congreso de la Nación o a través de la intervención de la Justicia.

Mientras San Juan ratificó recientemente su rechazo al planteo riojano, la administración de Quintela avanza en la construcción de una estrategia jurídica y política que pretende sostener el reclamo territorial con respaldo documental e institucional, convirtiendo el diferendo en uno de los principales ejes de la agenda provincial.