El jefe de la bancada del PJ, Cristian Pérez, confirmó una prórroga de nueve meses para el sistema adversarial. Admiten que no hay fondos para la reforma por el bloqueo de la coparticipación de Milei.

El severo torniquete financiero que la Casa Rosada aplica sobre las provincias periféricas terminó por dinamitar uno de los proyectos institucionales más ambiciosos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. En una sesión relámpago, el bloque de diputados del Partido Justicialista activó una maniobra legislativa de emergencia para postergar por nueve meses la implementación del nuevo Código Procesal Penal Adversarial, pateando su entrada en vigencia efectiva para el 1° de mayo de 2027.

El encargado de fundamentar el freno de mano fue el propio jefe de la bancada oficialista, Cristian Pérez, quien admitió sin rodeos que el principal factor de la parálisis es la falta de recursos para costear la reestructuración de los tribunales. «Uno de los grandes problemas que tenía esta comisión para la implementación en este próximo mes de agosto de 2026 era la cuestión financiera, la cuestión presupuestaria», reconoció el diputado provincial, desnudando el impacto de la sequía de fondos nacionales en la estructura judicial del distrito.

Sintonía de bloques frente a la asfixia de la Rosada

La decisión se cocinó tras una serie de reuniones de rosca al más alto nivel parlamentario, de las que participaron los presidentes de todas las bancadas junto a los integrantes de la Comisión de Implementación de la reforma penal. El diagnóstico técnico que recibió el peronismo fue lapidario: el Poder Judicial riojano no cuenta con las partidas necesarias para financiar el traspaso hacia el sistema adversarial (que exige la creación de nuevas fiscalías, oficinas judiciales y un fuerte despliegue tecnológico) en los plazos que fijaba la ley original.

Frente a este escenario, la Legislatura aprobó un proyecto de decreto que concede una ventana de tiempo técnico y material para intentar salvar la reforma. La estrategia del quintelismo apunta a licuar el costo de la transformación penal dentro del Presupuesto 2027, cuya discusión ingresará a la Cámara en los próximos meses.

«Esta prórroga de nueve meses nos va a dar el tiempo suficiente. Con el ingreso del presupuesto del ejercicio 2027, se van a incorporar formalmente todas las necesidades edilicias y de cargos que surgieron del estudio de diagnóstico», detalló Pérez, apostando a que el año próximo traiga un alivio financiero o una consolidación de la ingeniería de los «Chachos» para costear la gestión.

El trasfondo nacional: la guerra por el «gasto público»

La postergación del código adversarial en La Rioja expone a nivel nacional el impacto real de la motosierra de Javier Milei en las autonomías provinciales. Mientras el Ministerio de Justicia de la Nación presiona para acelerar el sistema acusatorio en los fueros federales de todo el país, las provincias argumentan que el ahogo por la coparticipación pisada imposibilita amoldar las justicias ordinarias a los nuevos estándares de eficiencia jurídica.

Para el gobierno de Quintela, que viene de librar una dura batalla por el punto de coparticipación perdido en 1988 y de convalidar el uso de cuasimonedas para pagar aumentos salariales y reactivar el turismo interno, la reforma judicial pasó a ser un lujo inalcanzable para el actual ejercicio fiscal de 2026. Cerca del gobernador asumen que la prioridad absoluta de la caja es sostener la paz social y la masa salarial de los empleados públicos, postergando cualquier reestructuración de los poderes del Estado que ponga en riesgo el frágil equilibrio fiscal riojano frente al vendaval libertario.