El gobernador envió a la Legislatura un proyecto para crear un Tribunal Electoral Provincial y un Juzgado Electoral permanente con autonomía funcional. La iniciativa concentra en un nuevo esquema institucional la organización, fiscalización y resolución de los procesos electorales de La Rioja.

Ricardo Quintela abrió un nuevo frente de reforma institucional con el envío a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que propone crear un Régimen Electoral Provincial y una Justicia Electoral especializada, una iniciativa que aparece en un contexto donde comienza a acelerarse la discusión política sobre las reglas de juego de las elecciones de 2027.

El mensaje remitido por el Ejecutivo sostiene que el objetivo es dotar a La Rioja de un sistema electoral permanente que garantice «transparencia, legalidad, imparcialidad y eficacia» en la organización de los comicios provinciales. Además, plantea modernizar la administración electoral incorporando nuevas tecnologías y mecanismos de control.

El proyecto crea dos nuevos órganos dentro de la Función Judicial: un Tribunal Electoral Provincial, como máxima autoridad en la materia, y un Juzgado Electoral Provincial de carácter permanente. Ambos tendrán competencia sobre todo el territorio riojano y asumirán funciones que hoy se encuentran dispersas en distintos organismos judiciales.

Entre las atribuciones del Tribunal Electoral figuran la organización y fiscalización de las elecciones, la oficialización de listas, la aprobación de boletas, la realización del escrutinio definitivo y la proclamación de los candidatos electos. También tendrá facultades para resolver conflictos electorales y supervisar el funcionamiento del sistema.

Por su parte, el Juzgado Electoral concentrará el control sobre los partidos políticos y agrupaciones municipales, administrará los registros de afiliados, fiscalizará los procesos internos partidarios y ejercerá el control patrimonial de las fuerzas políticas, además de intervenir en controversias vinculadas con la legislación electoral.

La iniciativa también incorpora principios de independencia institucional, publicidad de los actos, acceso ciudadano a la información electoral, celeridad procesal y utilización de tecnologías de la información para la gestión de los procesos electorales.

En el plano político, el envío del proyecto adquiere una relevancia adicional porque instala el debate sobre la arquitectura institucional que administrará las próximas elecciones provinciales. Aunque el texto no modifica el sistema de votación ni introduce cambios en el régimen electoral vigente, sí redefine quiénes serán los encargados de organizar, controlar y resolver las controversias de cada proceso electoral.

Como disposición transitoria, el proyecto establece que el órgano judicial que actualmente ejerce la competencia electoral continuará actuando hasta la designación del futuro Juez Electoral Provincial, momento en el que deberá transferir todas las actuaciones y expedientes vinculados con la materia.

El expediente