El gobierno de Ricardo Quintela impugnará un acuerdo firmado en 1968 durante la dictadura de Onganía. La secretaria legislativa provincial, Teresita Luna, confirmó que la Fiscalía de Estado llevará el caso ante la Corte Suprema por el control de áreas ricas en minería y turismo.

El gobierno de La Rioja oficializó una nueva e inesperada avanzada institucional y jurídica contra la vecina provincia de San Juan. El gobernador Ricardo Quintela promulgó la ley de la Cámara de Diputados provincial que ratifica de manera formal el reclamo por los límites territoriales históricos, abriendo un frente de disputa geopolítica en una región fuertemente codiciada por su millonario potencial minero y turístico.

La norma, aprobada con un amplio consenso político que unió al PJ con la Unión Cívica Radical y el frente Unión por la Patria —con la única excepción del bloque libertario—, desconoce y rechaza en todos sus términos el acuerdo interprovincial firmado en 1968 bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía. Aquel convenio amputó una parte sustancial del territorio riojano para anexarlo a la jurisdicción sanjuanina.

«Es la primera vez que logramos canalizar este interrogante histórico con una decisión política firme del Ejecutivo y el pleno acompañamiento de la Legislatura», destacó en diálogo con la prensa la secretaria legislativa y ex vicegobernadora de la provincia, Teresita «Tere» Luna. El área en disputa incluye de forma directa al Parque Provincial Ischigualasto, popularmente conocido como el Valle de la Luna, un emblema que, según argumentan en La Rioja, históricamente perteneció a su soberanía territorial.

La vía judicial ante la Corte Suprema y la «militancia» del reclamo

La ley riojana no solo impugna el tratado de la dictadura, sino que faculta de manera extraordinaria a la Fiscalía de Estado, conducida por el doctor de apellido Rodríguez, para iniciar las acciones legales correspondientes. El plan oficial contempla dos ventanillas de reclamo: el Congreso de la Nación y la Justicia Federal.

Sin embargo, debido a que el Congreso nacional exhibe hoy una mayoría ajena al peronismo y es presidido por el riojano libertario Martín Menem, la gestión de Quintela priorizará los tribunales. «El ámbito donde vamos a ser escuchados de forma directa y donde no necesitamos tejer acuerdos previos con todas las provincias es la Corte Suprema de Justicia de la Nación«, anticipó Luna, admitiendo que el fiscal de Estado ya prepara la presentación a la espera de la publicación del texto en el Boletín Oficial.

«Aceptamos que al ciudadano común hoy le preocupa el día a día, la caída de su salario y cómo llegar a fin de mes. Por eso tenemos que hacer una ‘militancia’ de esta ley, para que los riojanos tomen dimensión de todo lo que perdimos a través de los años en materia turística y económica», fundamentó la funcionaria legislativa.

La sombra del boom minero en el interior riojano

El apresuramiento de La Rioja por reactivar un litigio congelado desde hace décadas no es casual. Coincide con el fuerte recambio político de San Juan —ahora gobernada por Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio— y, fundamentalmente, con el rediseño del mapa de inversiones mineras de la cordillera.

El bloque oficialista riojano reconoce por lo bajo que la provincia corre «con 20 años de retraso» respecto al desarrollo de los proyectos mineros e hidrocarburíferos de San Juan. Con la confirmación de riquezas minerales en los departamentos limítrofes riojanos como General Lamadrid, el control de las rutas logísticas y la delimitación exacta de las fronteras técnicas se volvieron un recurso vital para el cobro de regalías y cánones a las empresas multinacionales.

La provincia ya cuenta con el antecedente de 1974, cuando durante la gestión de Carlos Menem la Legislatura provincial votó una resolución similar que luego quedó en la nada. Esta vez, en un escenario de asfixia financiera total por el recorte de las transferencias directas de la Casa Rosada, La Rioja sale a jugar fuerte con la carta de su soberanía territorial para forzar una mesa de negociación económica de alto impacto regional.