La diputada libertaria Andrea Juárez criticó con dureza la gestión local; denunció un «círculo vicioso» que incluye el desfinanciamiento de la obra social estatal y la creación de cargos judiciales en beneficio propio.

LA RIOJA.– El conflicto de límites latente con la vecina provincia de San Juan, sumado al reciente rechazo legislativo a la adhesión de La Rioja al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), encendió las alarmas de la oposición local. Desde La Libertad Avanza (LLA) denunciaron que la administración del gobernador Ricardo Quintela se mueve bajo «caprichos y actos de rebeldía» que buscan exclusivamente catapultar su figura en el escenario político nacional, aislando a la provincia del desarrollo económico.

«El gobernador viene a plantear hoy una cuestión de límites después de tanto tiempo de silencio. Lo hace de manera demagógica para distraer a la sociedad», afirmó la diputada provincial Andrea Juárez (LLA). La legisladora calificó la disputa territorial y las recientes trabas judiciales a los accesos viales de los proyectos mineros en la frontera como un «intento de carroñar al vecino» que perjudica de manera directa el empleo de los propios riojanos.

Para la oposición, la estrategia oficialista exhibe una contradicción de fondo respecto de la política minera. «El planteo del Gobierno no es por una cuestión de contaminación ambiental, sino porque la actividad no le dejaba plata directamente a las arcas provinciales, omitiendo que las mineras contrataban mano de obra local con salarios muy superiores a los de un empleado público», argumentó Juárez.

En ese sentido, la diputada cuestionó con dureza el rechazo en comisiones de la Legislatura —donde el justicialismo cuenta con una mayoría de 31 bancas sobre un total de 36— al proyecto de adhesión al Rigi presentado por el bloque libertario. Según Juárez, la negativa margina a La Rioja frente a las 17 provincias que ya se sumaron a la iniciativa nacional para captar capitales en minería, siderurgia, turismo y energía sustentable. «Los diputados del oficialismo argumentaron de manera vergonzosa que las multinacionales no contratarían a los riojanos porque no están capacitados. Eso es menospreciar a la gente. En lugar de cerrarse, la provincia debería adherir y capacitar», fustigó.

El frente previsional y la reforma electoral

Más allá de la tensión macroeconómica, la referente de La Libertad Avanza advirtió sobre el avance de iniciativas legislativas que impactarán de manera directa en el bolsillo de los ciudadanos y en la estructura institucional riojana.

Entre los principales puntos de conflicto, Juárez apuntó contra un proyecto de ley que busca modificar el financiamiento de la Administración Provincial de Obra Social (APOS). La iniciativa propone elevar los porcentajes de descuento a los empleados públicos y extender la base imponible hacia los conceptos no remunerativos, lo que comúnmente se denomina «sueldo en negro».

«Es una estafa sistemática. La provincia está en default, emite ‘Chachos’ y tiene la coparticipación endeudada. Ahora, para financiar una obra social que ellos mismos fundieron, van a ir por los ítems en negro que cobra el empleado», alertó la legisladora, quien remarcó que el haber de los jubilados provinciales continuará relegado a la mínima mientras el Estado no blanquee los salarios básicos.

Asimismo, la diputada criticó el ingreso de un proyecto de reforma electoral impulsado por el Poder Ejecutivo que contempla la creación de un juzgado permanente en la materia. «Plantean una estructura monstruosa para un proceso que ocurre cada dos o cuatro años, donde habrá que pagarle a un juez, secretarios y personal. Mientras tanto, el Poder Judicial solicitó una prórroga para implementar el Código Procesal Penal acusatorio porque no se asignó la partida presupuestaria correspondiente. Hay recursos para lo que les conviene a ellos, pero no para una correcta administración de justicia», concluyó Juárez.