El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, defendió la demanda judicial unificada ante la Corte Suprema. Cuestionó con dureza a Martín Menem y a los legisladores de La Libertad Avanza, acusándolos de priorizar la lógica partidaria por sobre los intereses provinciales.

LA RIOJA.– La prolongada disputa financiera entre la administración de Ricardo Quintela y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo de alta tensión política. En medio de las acusaciones cruzadas por la emisión de cuasimonedas locales y el estado de los servicios públicos, el secretario general de la Gobernación riojana, Ricardo Herrera, ratificó el curso de las demandas judiciales e interpeló formalmente a los diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) elegidos por este distrito, exigiéndoles que prioricen la representación de los intereses provinciales por encima de los alineamientos partidarios con la Casa Rosada.

Desde el plano estrictamente financiero, el funcionario provincial detalló la magnitud de las acreencias que el Estado riojano reclama al Tesoro nacional en concepto de fondos coparticipables retenidos y partidas extrapresupuestarias discontinuadas. De acuerdo con las estimaciones de los equipos legales de la provincia, la deuda consolidada y documentada supera holgadamente el millar de millones de la moneda estadounidense.

«La Nación le debe a la provincia más de 1200 millones de dólares. Esa deuda está totalmente documentada y reclamada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ya se han unificado las causas y están trabajando activamente nuestros abogados para intentar alcanzar un entendimiento», precisó Herrera.

Frente a las reiteradas críticas de la oposición sobre la sustentabilidad de las cuentas públicas locales, el secretario general desestimó las lecturas que ubican a la provincia en cesación de pagos. «A uno le molesta cuando dicen de manera simplista que no pagamos o que estamos en default. Lo único que pedimos es que nos devuelvan lo que nos corresponde por ley; una vez que esos recursos ingresen, se aplicarán inmediatamente a cancelar los compromisos que tenemos», argumentó.

Tensión con los diputados oficialistas

La controversia escaló al plano de la representación legislativa, luego de que diversos referentes riojanos de La Libertad Avanza difundieran piezas de comunicación digital cuestionando la asignación presupuestaria local. Entre ellos, el diputado nacional de LLA, Visconti, publicó recientemente un video grabado en un nosocomio provincial denunciando la supuesta subejecución de fondos de salud, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, recurrió a explicaciones didácticas con pizarrón para justificar los recortes de transferencias federales.

Para Herrera, estas intervenciones representan una desatención de los deberes institucionales que asumen los representantes de las provincias en el Congreso nacional una vez concluidos los turnos electorales.

«Es una pena y genera tristeza, porque estamos hablando de dos diputados de la provincia de La Rioja. Este tipo de publicaciones no ayuda en absoluto», fustigó el funcionario provincial. En ese sentido, consideró que la ciudadanía comenzó a tomar conciencia de las repercusiones prácticas del ajuste de partidas: «Antes festejaban todo, hoy ya no festejan. La gente se da cuenta de que esto no se resuelve con una pantallita, una foto o una selfie«.

«Ellos ya no son candidatos, son diputados nacionales que representan a la provincia de La Rioja. Más de 90.000 ciudadanos les dieron un voto de confianza para que defiendan el territorio, no para que actúen como delegados de una facción partidaria. La Rioja tiene intereses que van mucho más allá de cualquier color político», sentenció Herrera.

La conducción del Ejecutivo riojano insistió en que los representantes del oficialismo nacional en el Congreso nacional tienen la «responsabilidad institucional» de interceder ante los ministerios nacionales para destrabar el financiamiento de las obras públicas paralizadas y asegurar el normal funcionamiento de las prestaciones de salud y educación, un esquema de reclamo que el peronismo local busca unificar de cara a los debates legislativos del segundo semestre.