El organismo gubernamental mendocino ya interviene en el caso; los denunciantes aseguran haber sufrido graves abusos por parte de la fuerza policial riojana tras ser falsamente acusados del robo de 24 millones de pesos
MENDOZA.– El Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Derechos Humanos de esta provincia comenzaron a intervenir de oficio en un grave caso de presunto abuso de autoridad y violencia institucional que involucra de manera directa a la policía de la provincia de La Rioja. Según confirmaron fuentes oficiales, las autoridades mendocinas recibirán este jueves a un grupo de ciudadanos locales que denunciaron haber sido detenidos por error y sometidos a sesiones de tortura por parte de efectivos riojanos.
La investigación se inició luego de que trascendiera el calvario de los jóvenes mendocinos, quienes habían sido señalados como supuestos responsables del robo de una suma cercana a los 24 millones de pesos en territorio riojano. De acuerdo con las denuncias de los afectados, la detención —que posteriormente se demostró que fue un error de identificación— estuvo signada por apremios ilegales, vejaciones y violencia física y psicológica extrema con el objetivo de forzar una confesión.
La gravedad del cuadro denunciado motivó la inmediata reacción del área de Derechos Humanos de Mendoza, que ya comenzó a recabar los primeros testimonios y a articular las medidas de asistencia legal y psicológica para las víctimas.
https://x.com/FedeLagiglia_/status/2077064906654753170?s=20
Tweet
Cooperación y tensión interprovincial
El encuentro pautado para este jueves en la capital mendocina formalizará la presentación del caso ante los organismos del Estado, con el propósito de elevar las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes ante los tribunales riojanos. Desde el entorno de los denunciantes exigen que la Justicia de La Rioja investigue la cadena de mandos de la dotación policial interviniente y aplique las sanciones penales correspondientes a los efectivos involucrados en el procedimiento.
El caso reactiva las alarmas sobre los protocolos de detención y el accionar de las fuerzas de seguridad en el interior del país, en momentos donde la agenda de derechos humanos y el control sobre los excesos policiales vuelven a estar en el centro del debate público regional.