El intendente de Villa Castelli, Luis Orquera, advirtió sobre la necesidad de preparar la cadena de valor ante el nuevo plan del gobernador Quintela; reparos por el alcance del RIGI y el frente con San Juan.

LA RIOJA.– Tras años de intensas discusiones y desconfianzas en torno a la actividad extractiva, la decisión política del gobernador Ricardo Quintela de estructurar una agenda minera de mediano plazo abrió un nuevo escenario de debate entre los liderazgos territoriales de la provincia. El foco de atención se trasladó al Valle del Bermejo, una región estratégica por su cercanía a las zonas de interés geológico, desde donde los intendentes locales comenzaron a plantear firmes condiciones operativas para asegurar que los millonarios proyectos de inversión se traduzcan en un desarrollo estructural concreto y permanente para las comunidades locales.

El planteo técnico y político fue formulado por el intendente de Villa Castelli, Luis Orquera, quien en diálogo con la publicación especializada MineriAR expuso las demandas de los departamentos del oeste riojano ante la implementación del Plan Quinquenal Minero. El jefe comunal advirtió que el principal riesgo de este nuevo ciclo es «mirar pasar la minería», permitiendo que los campamentos avancen pero que los servicios y la mano de obra calificada provengan de otras jurisdicciones ajenas a la región.

El Valle del Bermejo como plataforma operativa

Para evitar el aislamiento de los emprendimientos metalíferos, la propuesta del municipio apunta a transformar el Valle del Bermejo en un centro logístico e industrial que integre a localidades como Villa Castelli, Vinchina y Villa Unión en una plataforma de soporte continuo. «No podemos pensar los proyectos mineros como puntos aislados en un mapa», señaló el intendente, remarcando que la periferia de cada yacimiento requiere una densa red de talleres, transporte, alimentos, alojamiento y comunicaciones.

De acuerdo con el diagnóstico de las autoridades municipales, el despliegue de esta infraestructura requiere una planificación urgente:

• Infraestructura de base: Demandan mejoras prioritarias en las rutas viales, tendidos eléctricos estables y conectividad digital en los departamentos cordilleranos.
• Capacitación técnica previa: Reclaman la apertura de trayectos formativos para que los perfiles laborales demandados por las compañías operadoras puedan cubrirse con trabajadores locales.
• Registro de proveedores: Exigen un ordenamiento temprano que permita a los comercios y PyMEs de la zona registrarse de manera formal antes de que las obras entren en la fase de construcción.

Garantías ambientales y límites al RIGI

Frente a la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como mecanismo de atracción de capitales transnacionales, la postura del oeste riojano exhibe marcados reparos institucionales. Desde el territorio sostienen que las facilidades fiscales nacionales no deben pasar por alto los intereses provinciales ni flexibilizar los compromisos con las cadenas de valor domésticas.

El eje central para el establecimiento de la denominada «licencia social» —un factor históricamente adverso en la región— estará estrictamente supeditado a la rigurosidad de los hechos. En este sentido, los jefes comunales indicaron que la aceptación comunitaria solo se sostendrá mediante la transparencia pública en los controles ambientales, exigiendo un monitoreo minucioso del uso y preservación de los recursos hídricos en una geografía marcada por la aridez.

Tensión en los proyectos de frontera

La discusión territorial adquiere además una dimensión de fricción institucional con la vecina provincia de San Juan debido al desarrollo de los emprendimientos ubicados en las zonas de frontera. El planteo riojano apunta a defender su soberanía y el derecho a ser escuchado en aquellos proyectos que, por razones geográficas, demanden el uso de caminos, logística o servicios dentro de los límites de La Rioja.

«San Juan y La Rioja son provincias hermanas», consideró Orquera, descartando que el diferendo deba transformarse en un conflicto entre poblaciones, aunque enfatizó que la provincia debe resguardar su patrimonio y asegurar que las comunidades circundantes participen activamente de la dinámica económica de los proyectos fronterizos, impidiendo que el beneficio fiscal se concentre de manera unilateral.