Natalia Álbarez Gómez celebró el DNU que amplió el Presupuesto para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, pero advirtió que los recursos aún no llegaron a las universidades. Reveló que siguen frenadas inversiones en el Hospital Universitario y en la planta olivícola de Catuna.

La rectora de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Natalia Álbarez Gómez, advirtió que el decreto con el que el gobierno de Javier Milei amplió el Presupuesto 2026 para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario todavía no tuvo impacto efectivo en las cuentas de las universidades nacionales.

Aunque valoró la decisión oficial como un avance institucional, la dirigente sostuvo que la incertidumbre persiste porque los fondos aún no fueron transferidos y las casas de estudio continúan operando con fuertes restricciones financieras.

«Es un paso positivo, pero la materialización de esto, es decir, que los recursos lleguen a las universidades, todavía no está concretada. Hoy no tenemos la certeza de cuándo ni cómo se va a efectivizar», afirmó la rectora en declaraciones a Radio La Red.

El DNU dispuso una ampliación presupuestaria superior a los cuatro billones de pesos para cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y con distintas medidas cautelares dictadas por la Justicia, luego de más de un año de conflicto entre el Ejecutivo nacional y el sistema universitario.

Álbarez Gómez sostuvo que esa decisión es consecuencia de la presión ejercida por las universidades y por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), luego del veto presidencial a la ley y de la posterior judicialización del reclamo.

«Este decreto es producto de una lucha que las universidades públicas hemos tenido para defender la educación superior de calidad a través de los mecanismos democráticos», señaló.

Sin embargo, aclaró que el anuncio no debe confundirse con el incremento salarial del 24,33% acordado previamente para docentes y nodocentes. Según explicó, aquel acuerdo representó una actualización parcial, mientras que la Ley de Financiamiento apunta a recomponer integralmente el deterioro provocado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

La falta de recursos, aseguró, mantiene paralizados proyectos estratégicos para la universidad riojana.

Entre ellos mencionó la puesta en funcionamiento de la guardia del Hospital Universitario, una iniciativa que requiere financiamiento operativo permanente, y la reactivación de la planta elaboradora de aceite de oliva en la sede de Catuna, cuya inversión ronda los 30 millones de pesos.

La rectora también describió el impacto de la crisis económica sobre los estudiantes. Aunque destacó que la matrícula volvió a crecer durante 2026, luego de la caída registrada el año pasado, aseguró que el esfuerzo para sostener la permanencia en la universidad es cada vez mayor.

Como ejemplo mencionó el crecimiento de Ingeniería en Minas, que pasó de recibir alrededor de diez ingresantes por año a superar el centenar de inscriptos, y señaló que también se recuperó la demanda en tecnicaturas y licenciaturas.

Pero advirtió que esa recuperación convive con un deterioro de las condiciones sociales de los alumnos.

«Los chicos empezaron a organizarse para vivir de a dos o tres en un mismo departamento y cocinar juntos para abaratar costos», explicó, al tiempo que remarcó las dificultades que enfrentan para afrontar el transporte, el material de estudio y el costo de vida.

En paralelo, Álbarez Gómez defendió el proceso de reorganización administrativa iniciado por su gestión y aseguró que la universidad comenzó a dejar atrás la crisis institucional heredada.

«La universidad estaba en coma cuatro; hoy está en sala común y para que nos den el alta debemos profundizar el orden», graficó.

La rectora destacó que la institución regularizó rendiciones administrativas, avanzó en la migración de los sistemas académicos SIU Guaraní y Mapuche, trabaja para normalizar balances pendientes desde 2015 y logró reacreditar por seis años varias carreras de posgrado. Además, confirmó que otras 18 ofertas académicas continúan atravesando procesos de evaluación y acreditación.

Mientras espera que Nación efectivice el giro de los recursos comprometidos, la conducción de la UNLaR sostiene que la normalización institucional dependerá, en buena medida, de que el financiamiento anunciado deje de ser una promesa y se transforme en fondos disponibles para sostener el funcionamiento cotidiano de la universidad.