La Legislatura trabaja en unificar proyectos enviados por el Ejecutivo y propuestas de gestiones anteriores. El oficialismo aspira a sancionar antes de fin de año un nuevo régimen de convivencia que reemplazará una legislación vigente desde el último gobierno militar.

El gobierno de Ricardo Quintela avanza con una de las reformas institucionales incluidas en su agenda legislativa: la elaboración de un nuevo Código Contravencional que reemplace la normativa vigente desde la última dictadura militar.

La iniciativa ya comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados y el oficialismo espera que pueda convertirse en ley antes de fin de año, aunque reconoce que el proyecto todavía atraviesa una etapa de revisión técnica y búsqueda de consensos.

La diputada provincial Lourdes Ortiz confirmó que la Comisión de Legislación trabaja sobre un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo junto con otras iniciativas presentadas en períodos anteriores, con el objetivo de elaborar un único texto.

«Hay un proyecto del Ejecutivo en el marco del paquete de reformas y también existen proyectos de etapas anteriores. La tarea que estamos haciendo es revisar todos esos aportes para confluir en un solo cuerpo normativo, que será el futuro Código de Convivencia», explicó.

La reforma busca actualizar un régimen contravencional que, según el oficialismo, responde a un contexto político e institucional completamente distinto al actual y requiere adecuarse a los estándares vigentes en materia de derechos, seguridad y convivencia ciudadana.

Antes de avanzar con el dictamen, la Legislatura decidió abrir una ronda de consultas con los organismos que tendrán intervención directa en la aplicación de la futura norma.

En ese marco, ya solicitaron informes a la Policía de la Provincia, al Ministerio de Seguridad y al Poder Judicial para evaluar la viabilidad operativa de cada una de las modificaciones que se proyectan incorporar.

«Tenemos que tener la seguridad de que el nuevo código podrá aplicarse. Por eso estamos analizando la operatividad y el financiamiento que demandará su implementación», señaló Ortiz.

La legisladora admitió que el tratamiento demandará varios meses más de trabajo, aunque sostuvo que el objetivo político es llegar al cierre del período legislativo con la reforma aprobada.

«No será en el corto plazo, pero aspiramos a que, si logramos acordar los aspectos operativos y presupuestarios, el nuevo código pueda sancionarse antes de fin de año», afirmó.

El debate no se limitará al ámbito parlamentario. El oficialismo prevé incorporar aportes de representantes del sistema judicial, especialistas en derecho, organismos vinculados a la seguridad y otros actores institucionales para construir un texto consensuado.

La reforma del Código Contravencional forma parte del paquete de cambios normativos que impulsa la gestión de Quintela para modernizar distintas áreas del Estado provincial y actualizar marcos legales que, en algunos casos, permanecen prácticamente sin modificaciones desde hace varias décadas. En la Casa de las Tejas consideran que el nuevo régimen deberá equilibrar herramientas para preservar el orden público con garantías acordes al actual sistema democrático.