Las Asambleas Ciudadanas por la Vida y la Fundación Ambiente y Desarrollo de La Rioja pidieron a la Justicia provincial que ordene el cese de los trabajos de exploración minera en busca de uranio que lleva a cabo la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a las afueras de esta capital.
El recurso de amparo fue presentado ayer ante el Superior Tribunal de Justicia «para que cesen las actividades de exploración de la CNEA en la zona de El Cantadero», distante 20 kilómetros al norte de la capital provincial.
Raúl Vidable, presidente de la Fundación y director del Instituto de Ambiente del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja, explicó que la presentación judicial se interpuso «en contra de la resolución 268 de la Secretaría de Ambiente de la provincia, porque autorizó en forma ilegal» el emprendimiento, con un «informe de impacto ambiental trucho».
La resolución fue emitida el 27 de agosto pasado ignorando que el 14 de agosto el Concejo Deliberante riojano había sancionado una ordenanza que declaró a la capital «municipio no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable», dijo el letrado.
Pero por la resolución de la Secretaría de Ambiente se aprobó la actualización de un informe de impacto ambiental sobre uno de los cateos y se autorizó a la CNEA a «continuar con los trabajos» en esa zona, distante a 20 kilómetros de la ciudad más poblada de la provincia.
Vidable explicó que el gobierno provincial ha «omitido» convocar al «Consejo provincial de Ambiente, una ONG ambientalistas, diputados provinciales, la Municipalidad y al pueblo en audiencias públicas» como está previsto en la legislación.
Por otra parte, informó que su organización presentó «una denuncia penal ante la Unidad de Fiscales Ambientales de la Argentina por el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público» por la venta de agua del Río Blanco de La Rioja a Chile.
Esta información se conoció días pasados a través de autoridades y empresas chilenas ya que «el gobierno riojano hace silencio» o lo niega, como lo hizo el diputado nacional kirchnerista Javier Tineo.
La venta de agua para sostener la megaminería en el vecino país también fue denunciada ante la Cancillería y la Secretaría de Ambiente de la Nación porque «son hechos muy graves», dijo.



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