Por Hugo Maldonado para Parlamentario.com El próximo 31 de Diciembre caerán los beneficios del régimen especial de franquicias tributarias nacionales implementado en 1979 durante el proceso militar, para estimular el desarrollo económico en las Provincias de La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca.
Desde entonces diversas industrias y proyectos productivos se fueron radicando allí durante años, aprovechando las importantes exenciones, reducciones y diferimientos otorgados sobre IVA y Ganancias, principales impuestos nacionales coparticipables.
Este régimen llamado de “promoción industrial” pese a su carácter parcial y arbitrario, ha generado graves desequilibrios en materia tributaria y serias distorsiones en la política industrial argentina, con un alto costo fiscal para la Nación, para concentrar los emprendimientos y la generación de empleo en detrimento de otras regiones del país, como el NEA que ha sido injustamente discriminado.
Advertimos la necesidad de sancionar una ley de fondo que propenda al desarrollo económico y social, integrado y armónico del país, conforme un proyecto que vengo elaborando con mi equipo y otros diputados nacionales. Es que por su importancia, la promoción industrial no puede seguir atada a los requerimientos de la coyuntura, ni mucho menos a la mirada parcial de la política partidaria o sectorial, ni ser utilizada por nadie como un mero trámite para resolver alguna condicionalidad política de circunstancias.
Basta observar que el gobierno nacional imprevistamente ha resuelto no reglamentar el Decreto 699/10, que había dictado hace dos años, por el cual se prorrogaban aquellos beneficios impositivos por 15 años más, lo que dará lugar seguramente a trapicheos y pleitos interminables.
Ceo que la nueva Ley de Promoción Industrial deberá debatirse con la mirada de la decisión pública puesta en la Argentina que deseamos para los próximos 30 años, con la convicción que el resultado de este trascendente debate va a determinar, para bien o para mal, el futuro de todos nosotros.
Es hora de terminar con el laberinto reglamentario de la actual legislación y adoptar con amplio consenso, los conceptos fundamentales para otorgar certeza y previsibilidad de largo plazo en las relaciones fiscales de la Nación y las Provincias, y en los instrumentos básicos para viabilizar el crecimiento de las regiones menos desarrolladas, como un compromiso ineludible del Estado, no del gobierno ni del partido en ejercicio del poder.
Los chaqueños debemos unirnos y planear estrategias comunes para alcanzar los beneficios de una genuina y auténtica promoción industrial, que de una vez por todas nos permita dejar de ser una Provincia postergada, como una verdadera reparación histórica de nuestro Chaco.
Sostengo desde mis proyectos y debates sobre la promoción provincial, que la Argentina necesita una profunda discusión de una política industrial y que no hay derecho a jugar con el sistema impositivo nacional. Es un hecho peligroso para la Nación en su conjunto, que genera un manto de sospecha en su aplicación y no solamente nos sigue postergando como Provincia, sino que sigue atentando contra principios básicos de la Constitución Nacional.
La promoción industrial, como política activa, debe ser general, clara y transparente. Además debe estar incluida en el Presupuesto, para que se conozca y se explicite su costo fiscal, y debe alentar la inversión y no puede basarse simplemente en una reducción artificial de los costos de producción, a cargo del fisco provincial. También el control no debería estar sólo en manos de quien recibe los beneficios del sistema.
Por cierto que el Estado Provincial tiene un rol fundamental que cumplir en la promoción de proyectos productivos.
No estamos dispuestos a tener un Estado ausente de la política industrial, sin ánimo contestatario para definir estrategias conjuntas. Queremos que fomente la integración y reclame con firmeza y convicción más allá de las circunstancias políticas sectoriales, el cumplimiento de las exigencias y los beneficios que la Nación debe satisfacer a nuestra Provincia, que sigue hoy deprimida por las asimetrías del desarrollo nacional.
Nadie debe llamarse a engaño, creyendo que por nuestros propios medios y sin políticas nacionales diferenciadas para la región, vamos a generar los incentivos y las oportunidades objetivas para la radicación industrial, cerrando brechas que nos ayuden a lograr un grado equivalente de desarrollo con el resto del país.
No podemos celebrar el fin de la promoción industrial en algunas Provincias, sin advertir que el gobierno nacional llega a esta decisión por los apremios fiscales que han acarreado sus últimos desaciertos de política económica.
Pero que a la vez, escapa a la realidad y no ha definido un nuevo régimen, ni siquiera un horizonte de presupuestos mínimos en el corto plazo para la promoción industrial en el país, mientras deja a las Provincias libradas a su propia suerte.
En medio de semejante desconcierto, nuestro Chaco no tiene nada que aplaudir.
Sin recursos para costear ni las obras de infraestructura necesarias, ni los mayores costos de la energía y transporte, entre otros factores esenciales para la radicación industrial y la generación de empleo productivo, nuestra Provincia debe asumir de una vez por todas el desafío, de enfrentar con una estrategia común, las profundas causas históricas, políticas y económicas que perjudican su capacidad de desarrollo.
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