Sacerdotes asesinados en Chamical constituyen un caso de genocidio

María Rosa Di Santo

sucesos@ellitoral.com

DyN

La justicia federal de La Rioja determinó que los crímenes de los sacerdotes de Chamical Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, perpetrados durante la dictadura, constituyen delitos de lesa humanidad, no genocidio y remarcó el “silencio cómplice” de la cúpula de la Iglesia de entonces.

Los fundamentos del fallo, que condenó en diciembre a los ex militares Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera, fueron dados a conocer el viernes por el Tribunal Oral Federal de La Rioja que halló a los ex militares responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio, agravados por ser funcionarios públicos.

El fallo, de 418 fojas, negó que los asesinatos puedan encuadrarse en el concepto de genocidio, distingue su calidad de integrantes de la Iglesia Católica y la afirmación de los informes de inteligencia de la época, que los discriminaba como integrantes del “movimiento tercermundista”.

Los jueces señalaron que el secuestro y muerte de los curas, perpetrado el 18 de julio de 1976, “no fue decidido en el marco de una persecución por motivos religiosos” porque “se dio la paradoja” de que también proclamaban su pertenencia a ella “los más conspicuos dirigentes del régimen cívico-militar que había usurpado el poder el 24 de marzo de 1976”.

El Tribunal consideró que “la prueba incorporada al debate permite tener por acreditados los hechos” investigados y “la participación responsable” por parte de los acusados.

Cómo habrían sido los hechos

De acuerdo con lo que el tribunal pudo reconstruir, Murias fue fusilado con más disparos que Longueville, sobre todo en el abdomen y luego en el rostro y la cabeza, por lo cual quedó desfigurado. Los disparos eran de escopeta y pistola 9 milímetros.

Longueville también fue herido en cuatro partes del cuerpo con balas de los mismos tipos de armas y de calibre 45.

Previamente se probó que habían sido secuestrados por cuatro personas que se identificaron como miembros de la policía federal, que no eran de Chamical y podrían haber pertenecido a la banda de Aníbal Gordon.

Los secuestradores llegaron en un Ford Falcon sin patente y se los llevaron a declarar sin presentar orden judicial. Sin embargo, trasladaron a los curas hasta el lugar de su ejecución, a 8 kilómetros de la ciudad en dirección sur, en medio de una “zona liberada”.

El tribunal no consideró acreditado que hayan sido llevados a un interrogatorio en la Base Aérea de Chamical, que funcionó como un Centro de Detención Clandestino, ni que hayan sido sometidos a sesiones de torturas.

Sin embargo, previo a los disparos, fueron “vendados y maniatados”. Los delitos ocurrieron “en el marco y contexto del denominado ‘plan sistemático’ de represión” implementado por el gobierno de facto en todo el país “con la finalidad explícita de reprimir la subversión”. Ese plan sistemático tenía una “doble cara”: “una engañosa cara formal, legal y piadosa contrapuesta a una segunda cara oculta, oscura, ilegal y despiadada”, añadió el fallo.

Persecución brutal

Los testimonios recolectados, por su parte, corroboraron “la brutal persecución, hostigamiento y violencia de que era objeto la diócesis de (Enrique) Angelelli y sus seguidores, la que continuó varios años y, en el interín, decidió la suerte del propio Angelelli”, quince días después de la de los sacerdotes. Se comprobó que el ex obispo aún cuando “presumía sería asesinado” no mostraba “temor” y le pedía a las autoridades de la Iglesia que encuentren “una solución política y de conciliación para que cesara la persecución” en su diócesis.

En este sentido, el tribunal consideró “tristemente ilustrativo” del “silencio cómplice que adoptó la cúpula de la Iglesia Católica durante y con posterioridad” a los hechos ocurridos por esos meses, los informes sobre encuentros entre la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina y el entonces presidente Jorge Videla.