Otro juicio por delitos de lesa humanidad

Los hechos que se investigan son casos de privación ilegítima de la libertad y tormentos a unos siete ciudadanos de Famatina durante la última dictadura, más precisamente en el año 1977. Arrancará el 16 de agosto próximo y la causa tiene diez imputados entre los que se encuentran el ex jefe militar Luciano Benjamín Menéndez y los gendarmes Eduardo Britos y Normando Torres.

El Tribunal Oral Federal de La Rioja fijó la fecha del viernes 16 de agosto para que se inicie un nuevo juicio por delitos de “Lesa Humanidad” cometidos durante la dictadura militar, causa en la que hay diez imputados entre los que se encuentran Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Britos y Normando Torres, entre otros.

El caso está caratulado “Angel, Andres Abelardo y otros, sobre privación ilegítima de la libertad y tormentos”. El tribunal estará integrado por los jueces José Camilo Nicolas Quiroga Uriburu (presdiente), Jaime Diaz Gavier del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba y Karina Rosario Perilli del Tribunal en lo Penal Económico de Capital Federal.

El Fiscal será Michel Horacio Salman y los defensores son el Defensor Público Oficial Carlos Cáceres (Menéndez), Defensor Público Oficial Ad Hoc Juan Deleonardi (Eulogio Vilte, Jorge Garcia y Wilson Velazquez), la Defensora Pública Oficial Ad Hoc Adriana Genre (Ricardo Torres Daram y Franco Casco), los abogados particulares Ricardo Chamía (Guillermo Torres y Cándido Aroca), Luis Martinez (Hernán Pizarro) y Darío Kaen (Eduardo Britos).

Los hechos que se investigan son la privación ilegítima de la libertad y los tormentos con picana eléctrica a los que fueron sometidos Abelardo Angel y otros 6 detenidos por personal del Escuadrón 24 de Gendarmería con asiento en Chilecito.

Fueron interrogados sobre actividades subversivas para ser trasladados a un establecimiento cercano a la localidad de Chilecito, durante el transcurso de una noche de intenso frío y al otro día ser remitidos nuevamente al Escuadrón, continuando allí las torturas atados de pies y manos, informó la justicia sobre la causa.

Otra de las víctimas fué Santiago Nicolas Maza, quien recibió un trato inhumano al ser considerado como subversivo, siendo vendado, torturado a golpes, sometido a inadecuada alimentación y poca agua, siendo obligado a permanecer de pie o arrodillado por horas y ante su negativa tras ser interrogado respecto a actividades subversivas, fue maltratado por medio de la fuerza consistente en tirones y empujones, y finalmente obligado a firmar una declaración mientras permanecía con los ojos vendados.

Según la Fiscalía, “se acreditó la existencia material del hecho sucedido el día 4 de Junio de 1977, cuando una Comisión Reservada perteneciente al Escuadrón N° 24 de Gendarmería Nacional, con asiento en la ciudad de Chilecito (a cargo del Comandante Principal Alberto Garay y al mando de la misma el Primer Alférez Francisco Casco y el Suboficial Jefe de la Sección Vinchina Ricardo Torres Daram, con personal a su cargo, se trasladaron en un camión hasta el Departamento Famatina donde se procedió a la detención y posterior traslado al Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional de Teresa Elida Robles de Maza, Santiago Nicolás Maza, Rosario del Valle Manzur, Juana Antonia Manzur, Juan Antonio Leiva, Marcelino Reyes Leiva y Andrés Abelardo Ángel, todos detenidos teniendo como argumento su presunta vinculación con actividades subversivas”

“Las directivas respecto del accionar descrito, habrían emanado de Garay, quien al momento de hecho se desempeñaba como Jefe de Unidad del Escuadrón N° 24 de Gendarmería Nacional Sección Chilecito, con jerarquía Comandante Principal, quien a su vez respondía a los lineamientos trazados por el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército a cargo del General de División Luciano Benjamín Menéndez de quien dependía, entre otras, la Provincia de La Rioja”.

“Este hecho se enmarca en el plan sistemático de extermino contra militantes políticos, obreros, representantes sindicales, profesionales, docentes, estudiantes, militantes sociales, pergeñado por diversos grupos de poder y ejecutado por las fuerzas de seguridad de nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976 y aún meses antes”, señala en su elevación a juicio la Fiscalía Federal como los motivos de los hechos suscitados.