Porque el gobierno no les paga un aumento que se había presupuestado para 2008. Ahora, un juez laboral hizo lugar a un amparo del gremio, por el cual se le impedía realizar paros con el fin de reclamar el pago. La justicia también dispuso «la devolución de todos los días descontados por paro».

Un juez del Trabajo subrogante decidió hacer lugar a una acción de amparo interpuesta por la Asociación de Trabajadores Judiciales en contra de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y declaró la inconstitucionalidad de dos leyes que declaran a la justicia como «servicio esencial» y le impide a los trabajadores del sector realizar medidas de fuerza para reclamar la aplicación de un incremento salarial para el sector que nunca fue pagado por el Estado.

El juez subrogante del Trabajo n° 2, Humberto Godoy, dispuso «la inconstitucionalidad de la Ley Nº 5.593 y su modificatoria Ley Nº 7.261 y decidió «ordenar el archivo de las actuaciones labradas en Expte. Administrativo Nº C3-0585-0-11, caratulado Asociación de Trabajadores Judiciales Asunto: Medidas de Fuerza-Retención de Servicios».

Las leyes declaradas inconstitucionales son las leyes provinciales de servicios esenciales que fueran creadas por el gobernador Luis Beder Herrera (5.593) y su antecesor Ángel Maza (modificatoria-7.261).-

«La acción de amparo se interpuso ante las arbitrariedades e ilegalidades cometidas por la Secretaría de Trabajo para impedir que los trabajadores judiciales nucleados en la A.T.J. no pudieran reclamar por via de medidas de fuerza el cumplimiento efectivo del fallo firme y consentido del amparo que ordena liquidar los salarios de los judiciales conforme lo acordado con el mismísimo Luis Beder Herrera», señala la entidad sindical en un comunicado.

Según el gremio, la justicia también dispuso «la devolución de todos los días descontados por paro, que al dia de hoy con los astreintes impuestos hasta tanto ello no ocurra superan holgadamente los cien millones de pesos».

Sin embargo los judiciales dicen que «la situación continúa exactamente igual, con un Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Nicolás Brizuela, que se niega sistemáticamente a recibir al gremio desde que asumió la presidencia, aduciendo siempre estar con la agenda complicada, a la vez que pregona la resignación invocando públicamente la democratización de la justicia”.

La A.T.J denunció que, «paralelamente se otorgan aumentos de salarios discriminatorios entre los empleados, ocultándose las acordadas que se dictan al respecto y no entregándose los recibos de sueldos, no se pagan las subrogaciones de los cargos efectivamente cumplidos y en cumplimiento por los empleados, se realizan concursos de cargos sin respetar la carrera judicial favoreciendo a los que recién ingresan y negando la representación de contralor gremial, no se nombran en planta permanente a empleados con antigüedad de 18 años de transitorios de nadie, no se da solución a los problemas de los empleados y las situaciones edilicias, entre otras situaciones».