Categoría: Justicia

Procuración de la Nación da la razón a La Rioja por la coparticipación

La Procuración General de la Nación le dio la razón al Gobierno de La Rioja en su reclamo por el cobro de “la plena coparticipación de los recursos detraídos por aplicación de la alícuota del 1.90% destinada a la AFIP”.

La procuradora Laura Monti entendió que “la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia originaria [v. dictámenes de este Ministerio Público del 9 de marzo de 2009, en el expediente CSJ 1039/2008 (44- 13) /CS1 “San Luis, provincia de cl Estado Nacional y otra s/cobro de pesos” y del 6 de octubre de 2009, in re: CSJ 539/2009 (45-S) “Santa Fe, Provincia de cl Estado Nacional si acción declarativa de inconstitucionalidad” y sentencias del Tribunal- en las que compartió el criterio allí sostenido- del 27 de mayo y 1° de diciembre de 2009, respectivamente, y en ambas causas, del 24 de noviembre de 2015; entre muchas otras)”.

El gobierno de La Rioja promovió “una acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos en los términos de los arts. 319 y subsiguientes del CPCCN, contra el Estado Nacional a fin de que V. E. : a) declare la inconstitucionalidad de los arts. l°, inc. a), y 4° del decreto 1.399/2001, y de toda otra norma y acto concordante y, en consecuencia, declare la plena coparticipación de los recursos detraídos por aplicación de la alícuota del 1.90% destinada a la AF1P, en los porcentajes que le corresponden a la provincia de conformidad con lo establecido en la ley 23.548; b) disponga el cese de la referida retención y ordene al demandado abstenerse de efectuarla; c) ordene que se le reintegren todos y cada uno de los fondos detraídos a la provincia de La Rioja por el concepto cuestionado, por los periodos no prescriptos (es decir, desde el ejercicio fiscal 2011) Y hasta tanto se mantenga la detracción, con más sus intereses, según lo dispuesto en la ley de coparticipación federal”.

la_rioja_csjn_1821_2016-pdf

FALLO COMPLETO

Declaran una acción de nulidad en causa “Tula Gustavo Javier c/Ing. Miguel Angel Asis”

El Juzgado de Trabajo y Conciliación N° 3, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Claudia L. Elías, en los autos Expte. N° 3.692 – Letra “A” – Año 2015, dio a conocer la causa caratulada “Asís Miguel Ángel s/Acción Autónoma de Nulidad”.

EDICTO

El Dr. Carlos Fernando Castellanos, Juez del Juzgado de Trabajo y Conciliación N° 3, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Claudia L. Elías, en los autos Expte. N° 3.692 – Letra “A” – Año 2015, caratulados “Asís Miguel Ángel s/Acción Autónoma de Nulidad”, ha ordenado la publicación de edicto por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia, y en un diario de circulación local.

“La Rioja, dieciséis de septiembre de dos mil quince. Proveyendo el escrito de fs. 5/10, téngase al ocurrente por presentado, parte en el carácter que invoca, en mérito al poder para juicios que acompaña y por constituido domicilio en el lugar indicado.

De conformidad a lo dispuesto por los Arts.269 y conc. del C.P.C., téngase por iniciada Acción Autónoma de Nulidad, en contra de la Sentencia de fecha 02 de febrero de 2015, del Registro de este Juzgado en los autos Expte. N° 3.130-T-2012 – Tula Gustavo Javier c/Ing. Miguel Ángel Asís – Despido; atento a ello córrase traslado al Sr. Gustavo Javier Tula, con domicilio constituido en autos principales, por el término de veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.

Téngase presente las pruebas ofrecidas y que hacen a su derecho para su oportunidad. Agréguese la documental acompañada conforme cargo de fs. 10 vta. Téngase presente la reserva del Caso Federal La Rioja.

Notifíquese. Fdo. Dr. Carlos Fernando Castellanos, Juez – Sra. Adela Herrera – Prosecretaria.

La Rioja, diciembre de 2016.

Dra. Claudia L. Elías

Secretaria

QUE ES UNA ACCION DE NULIDAD

Sent. número 173 del 16/12/04), la acción autónoma de nulidad es de aplicación jurisprudencial y doctrinaria en nuestro sistema procesal por cuanto no se encuentra legislada en nuestra compilación adjetiva. Se trata de una acción autónoma como su propio nombre lo indica cuya finalidad se sustenta en la injusticia de lo resuelto básicamente en lo que hace al derecho sustancial. Así, ante un proceso concluido frente al cual no caben instancias recursivas ordinarias o extraordinarias (dentro del cual incluimos al recurso de revisión, legislado en nuestro ordenamiento procesal -art. 395-) surge la acción autónoma de nulidad con la cual se pretende reeditar la relación jurídico-procesal viciada, pasada ya en autoridad de cosa juzgada, por vicios sustanciales con las cuales se violentan garantías constitucionales. Citando así doctrina y jurisprudencia que ilustran nuestro pensamiento y nos brindan herramientas necesarias a fin de decidir la suerte de esta clase de planteos, “Desde que la acción de nulidad se propone volver a abrir una relación procesal cerrada definitivamente por sentencia firme, no se trata -afirma Chiovenda- de un simple medio extraordinario de impugnación, sino que tiene el carácter de una verdadera acción autónoma que pone en jaque al proceso íntegro” (Berizonce: “La Nulidad en el Proceso”, La Plata 1967, pág. 126).——————————-
Es claro entonces que la vía intentada importa una acción sustancial cuyo objeto es la anulación de todo un proceso concluido y de la resolución que hace cosa juzgada, por lo que se persigue abrir la relación procesal cerrada definitivamente.———————————————————————–
El objeto pretendido, puede sintetizarse, en la declaración de nulidad del proceso impugnado y de la sentencia como generadora de una nueva instancia, para lo cual debe acaecer la violación de una garantía constitucional, frente a lo que debe ceder la preclusión procesal como fenómeno convalidante del proceso y la cosa juzgada como expresión última de la jurisdicción.————————————————————
El actor deberá demostrar no sólo que no pudo defenderse, sino además que en base a esa indefensión el vencedor obtuvo un pronunciamiento contradicho por la realidad de los hechos y el derecho que el vencido no pudo invocar ni probar, es por ello que se requiere la promoción de una demanda con todos los requisitos exigidos por el ordenamiento procesal como tal, totalmente independiente del proceso que se pretende anular.—–
La acción entonces, es independiente de la que se pretende anular debiendo en consecuencia darle un trámite amplio de conocimiento en resguardo de la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio, se pretende reeditar la cosa juzgada, por lo cual se le debe otorgar a las partes la mayor amplitud posible para resguardar los derechos que creen conculcados y que tienen como fin nada más y nada menos que desmoronar uno de los principios procesales de mayor rango en el proceso como lo es “la cosa juzgada”. Así lo sostiene la doctrina “Ensayando un concepto de “acción de nulidad” Luís Maurino escribe que “…es una acción que se concreta, se exterioriza e instrumenta en una demanda principal introductiva de instancia. (…) Se la califica de autónoma -enseña Peyrano- (…) por ser generadora de una nueva instancia, distinta en principio de la que se intenta destruir”. (Ortiz Pellegrini, Junyent Bas, Keselman, Marcellino, “Recursos Ordinarios”, pág. 158).————————————————-

Disponen que Camaras en lo Civil, Comercial y de Minas se dividiran en tantas Salas Unipersonales como jueces las integren

Quedó autopromulgada una ley en la que establece que “las Cámaras en lo Civil, Comercial y de Minas, se dividirán en tantas Salas Unipersonales como jueces las integren, y ejercerán jurisdicción voluntaria y contenciosa, entendiendo en todas las causas Civiles, Comerciales, y de Minas, cuyo conocimiento no está atribuido a los Juzgados del Trabajo y la Conciliación, a los Jueces de Paz Letrados y Jueces de Paz Lego.”

Así lo dispone la Ley Nº 9.953 que al no ser promulgada por el gobernador Sergio Casas, quedó autopromulgada

LEY N° 9.953

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1o.- Modifícase el Artículo 1o de la Ley No 9.357, -modificatoria de la Ley No 2.425, Ley Orgánica de la Función Judicial-, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 1o.- Las Cámaras en lo Civil, Comercial y de Minas, se dividirán en tantas Salas Unipersonales como jueces las integren, y ejercerán jurisdicción voluntaria y contenciosa, entendiendo en todas las causas Civiles, Comerciales, y de Minas, cuyo conocimiento no está atribuido a los Juzgados del Trabajo y la Conciliación, a los Jueces de Paz Letrados y Jueces de Paz Lego.”

Artículo 2o.- Facúltase al Tribunal Superior de Justicia a implementar lo dispuesto en el Artículo 1o de la presente ley.

Artículo 3o.- Los procesos que al tiempo de entrada en vigencia de la presente ley se hubiesen iniciado y estuviesen en curso ante un Tribunal Colegiado, fenecerán ante el mismo.

Artículo 4o.- Deróguese toda otra norma que se oponga a la presente ley.

Artículo 5o.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja, 131o Período Legislativo, a quince días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. Proyecto presentado por el diputado Jorge Daniel Basso.

Néstor Gabriel Bosetti – Presidente Cámara de Diputados – Jorge Raúl Machicote – Secretario Legislativo

(LEY AUTOPROMULGADA)

Reclaman 27 informes periciales y 10 relevamientos del lugar del hecho

ACUERDO Nº 149

En la ciudad de La Rioja, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil quince, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, con la Presidencia del Dr. Mario Emilio Pagotto e integrado por los Dres.: Luís Alberto Nicolás Brizuela y Claudio José Ana, con la asistencia del Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier Ramón Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: EXPTE. Nº 46.198 -“D”- 2.015, “DIRECTORA DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL A/C E/ INFORME DEL LIC. ALFREDO PÉREZ RUZ”:

  1. I) Que la Señora Directora de la Policía Técnica Judicial Dra. Leila Furrer informa a este Cuerpo, que según constan en los registros de la institución, el Perito Alfredo Pérez Ruz, quien cumple funciones en la Sección Criminalística de esa dependencia, adeuda treinta y cuatro informes de Pericias y diez Relevamientos del Lugar del Hecho.

Que en el mes de marzo de 2014 al realizarse un detalle, el Perito adeudaba 27 Informes Periciales y 10 Relevamientos del Lugar del Hecho, por lo cual se le requiere la entrega de los resultados, manifestando el mismo que verificaría si lo solicitado le correspondía y posteriormente firmaría la notificación, dejándose en su poder una copia de la misma, sobre la cual nunca tuvo respuesta.

Que en mayo de 2014 el Perito quedo solo en la Sección Criminalística por lo cual se autoriza no participar en los hechos requeridos por los Jueces de Instrucción del interior, como en Expte. 9519 –“S”- 2014, “SCRIIPPONI JUAN MIGUEL s.a.d DOBLE HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO Y LESIONES LEVES EN CONCURSO REAL”, del Juzgado de Chepes, ya que debía seguir fijando fecha de las pericias ingresadas en 2014, para iniciarse durante el transcurso del año 2015, solicitadas por los Jueces de la Primera Circunscripción, a los fines de que realice la entrega de los informes atrasados.

Que con fecha 11 de agosto el Perito mediante escrito expresa: “…que no puede seguir fijando fechas de nuevas Pericias, … sobresaturación de trabajo debido a que estuvo cinco meses de guardia solo, … que la aceptación del cargo es “Intuitio Personae” por lo que las fijaciones de inicio de pericia en fechas tan distantes afectan al suscripto” lo que hacía imposible física y materialmente fijar nuevas fechas”. Asimismo se le informa de la incorporación del nuevo licenciado a la Sección.

Que el 12 de agosto de 2014 y debido a que no se realizaba la entrega de los informes atrasados, se le solicita nuevamente la entrega de 23 informes periciales y 11 relevamientos del lugar del hecho, el cual se notifica y solicita 45 días de plazo para regularizar la situación. Al transcurrir el plazo solicitado y al no obtener respuesta, el 18 de noviembre de 2014 se realiza una nueva intimación para que el plazo de 24 horas, haga entrega de informes de 05 Pericias Accidentologicas, que corresponden a los años 2011 y 2012, negándose a firmar la intimación. Con fecha 19 de diciembre el Perito presenta escrito, el cual no concuerda con la información con la que cuenta esa Dirección. Con fecha 02 de diciembre de 2014 se lo intima y notifica nuevamente, que debía concurrir en horario vespertino, según lo prevé el Estatuto del Empleado Judicial, situación que se comunica a la Dirección de Recursos Humanos. El Perito realiza descargo informando que por motivos familiares y laborales se encontraba imposibilitado de dar cumplimiento a lo solicitado y realiza un análisis del Art. 29 del E.P.F.J. sosteniendo que “no resistirían a un análisis de inconstitucionalidad, ya que vulnera el Art. 14 de la Constitución de la Nación” Que con fecha 02 de Febrero de 2015 hace entrega solo de seis Informes de Pericias.

Que una de las funciones del Perito es, verificada la existencia del lugar del hecho o escena del crimen, corresponde inminentemente a la preservación para garantizar la intangibilidad de los elementos, rastros o indicios que puedan existir para evitar cualquier perdida, alteración o contaminación, coordinar y redactar el Informe Pericial a los fines de la comprensión integral de cómo se produjeron los hechos, por lo tanto su función es trascendente en la etapa de investigación y del valor probatorio del curso de un procedimiento y teniendo en cuenta la cantidad de hechos que se suscitaron en nuestra Provincia y el pedido reiterado del cumplimiento de las obligaciones contraídas, todo ello conlleva al grave perjuicio por el retardo de justicia de la institución.-

  1. II) Que teniendo en cuenta la gravedad de la situación planteada y dado que el Señor Alfredo Pérez Ruz detenta la calidad de Perito en Accidentologia Vial de la Policía Técnica de esta Función Judicial, resulta preciso disponer la instrucción del correspondiente sumario administrativo ya que los hechos descriptos y demás circunstancias concomitantes evidencian prima facie un obrar irregular que merece ser investigado, a los fines de determinar su veracidad y el grado de responsabilidad respecto de ellos, para efectuar sobre la base de sus conclusiones la valoración conforme al régimen normativo vigente;

Por ello el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE:

1º) DISPONER la Instrucción de un Sumario Administrativo a los fines de esclarecer los hechos precisados en los considerandos del presente Acuerdo y la atribución de las responsabilidades que pudieren corresponder al Señor Alfredo Pérez Ruz.-

2°) DESIGNAR Instructora Sumariante a la Señora Secretaria “B” de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, Dra. Silvia Susana Zalazar, quien queda facultada para la designación del correspondiente secretario de actuaciones, debiendo elevar todo lo actuado a este Tribunal Superior de Justicia en el plazo de 20 (veinte) días hábiles, desde su notificación, cumpliendo en todo cuanto fuere pertinente las previsiones del Estatuto del Personal de la Función Judicial.-

Protocolícese y hágase saber. Así lo dispusieron y firmaron por ante mí de lo que doy fe.-

Ratifican el pago del adicional por antiguedad para el personal de la Función Judicial

ACUERDO N° 168

En la Ciudad de La Rioja, a diecinueve días del mes de Noviembre del año dos mil quince, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, con la Presidencia del Dr. Mario Emilio Pagotto e integrado por los Dres.: Luis Alberto Nicolás Brizuela y Claudio José Ana, con la asistencia del Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier Ramón Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD

  1. I) Que mediante Ley 5696 se dispuso la derogación del régimen de remuneraciones vigente al momento de su sanción –ley 4269- (art, 1º ), el mantenimiento de los valores numéricos de las retribuciones de los agentes de la Función Judicial en todos sus niveles, incluidos los adicionales generales y particulares y su determinación establecidos por Decreto Ley 4269/83, todo ello hasta la sanción de un nuevo texto legal (

Art. 2º ).Que conforme la disposición legal indicada, surge claro que la determinación de los adicionales particulares, como en el presente caso el adicional por antigüedad debe ser calculado conforme lo establece la ley 4269, dado que a la fecha no se ha sancionado un nuevo régimen de remuneraciones para el personal de la Función Judicial, cual es la condición establecida por la ley para su vigencia. Que en este esquema normativo la ley 4269 en su artículo 14 establece que todo otro adicional que no esté contemplado y sea liquidado al Poder Judicial de la Nación, será percibido por el Personal del Poder Judicial de la Provincia. Que en razón de ello se efectúa el cálculo y pago de la bonificación por antigüedad al Personal de la Función Judicial conforme lo establece y en las condiciones que fija el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1417 de fecha 27 de agosto de 1987.

Por ello el Tribunal Superior de Justicia

RESUELVE 1°) RATIFICAR que la Bonificación por antigüedad a todo el Personal de la Función Judicial se abone en las condiciones que fija el Decreto Nacional N° 1417, ello por remisión expresa del artículo 2° de la ley 5696 y artículo 14 de la ley 4269. Protocolícese y hágase saber.