Mediante un comunicado de prensa, la Asamblea Universitaria, controlada por el tellismo, dice que «apelamos a nuestros representantes nacionales y al Poder Ejecutivo a proteger la autonomía universitaria y, al hacerlo, también salvaguardar nuestra Ley de Educación Superior y la Constitución Nacional».
Como es de público conocimiento, el Juez Federal Subrogante José Nicolás Azcurra ordenó a la Universidad Nacional de La Rioja, a través de una Cédula de Notificación, a la «inmediata y urgente convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Honorable Asamblea Universitaria de dicha institución, a llevarse a cabo en un plazo perentorio no mayor a dos (2) días», en explícita violación de la Sección I del Estatuto Universitario.
En este sentido, debe preocupar a la comunidad educativa argentina y a la sociedad toda que un Juez Federal desconozca la legalidad de un Estatuto y la autonomía universitaria reglamentada en el Artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional y en el Capítulo 2 de la Ley de Educación Superior.
A fin de continuar orientando en este problema, tomamos el trabajo titulado “La judicialización del conflicto en materia universitaria: la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¿juez o actor en materia de autonomía universitaria?” (2007) de los autores Dra. Laura Clérico (UBA – CONICET) y Abog. Sebastián Scioscioli (UBA – CONICET), quienes analizan, desde una posición crítica, el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el contexto de la autonomía universitaria de la segunda mitad del siglo XX. Estudian 150 fallos de dicho Tribunal en materia universitaria y concluyen que, a pesar de la autonomía universitaria ya consagrada constitucionalmente en el art. 75, inc. 19 de la Constitución Nacional, se evidencia una “judicialización” del conflicto por el ejercicio de la autonomía y de un uso (y hasta abuso en ciertos fallos) del poder judicial –es decir de la Corte Suprema de Justicia– no ya como un tercero imparcial, sino como un actor que a través de sus producciones –sentencias– termina legitimando cierta intervención “solapada” del Poder Ejecutivo Nacional en lo más preciado del núcleo duro de la autonomía universitaria: el poder de darse sus estatutos.”
Apelamos a nuestros representantes nacionales y al Poder Ejecutivo a proteger la autonomía universitaria y, al hacerlo, también salvaguardar nuestra Ley de Educación Superior y la Constitución Nacional. Comprometiéndose con ello, demostraremos una vez más que el pueblo argentino y sus gobernantes tienen memoria y aprenden del pasado, construyendo más democracia en el presente y hacia el futuro.
