La diputada nacional y candidata a la banca provincial quiere conocer pormenores de las sociedades con participación del Estado, y desafió al candidato Alberto Paredes Urquiza “si les interesa transparentar el Estado, que empiecen por contestar los pedidos de informes”, en referencia al proyecto de Ley de Transparencia que ahora impulsa éste.
“Se trata de información pública básica, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué se hace con los fondos públicos, y si el dinero de todos los riojanos invertido en las SAPEM genera rentabilidad, o se trata de agujeros negros por donde sale sin control el dinero del Estado”, disparó la diputada nacional Inés Brizuela y Doria al justificar la interpelación a Luis Beder Herrera, presentada por escrito en mesa de entrada de la Gobernación, el pasado 11 de octubre.
Refiriéndose al candidato a diputado provincial, planteó “escuchamos que ahora en campaña una de sus propuestas es una ley de Acceso a la Información Pública, algo totalmente extemporáneo ya que hace 20 años es parte de éste gobierno y nuca hizo nada en tal sentido, pero si tiene la intención verdadera de transparentar la gestión de gobierno que comience por contestar nuestro pedido de informe”.
Los pedidos
Alegando el “principio de publicidad de los actos de gobierno”, y en su carácter de diputada nacional y ciudadana, en ambos escritos Brizuela y Doria solicita información pública básica sobre la cantidad de SAPEM creadas por el Estado Provincial, funcionarios que representan al Estado, inversión estatal en cada una de ellas y fundamento de la inversión.
Los escritos que están dirigidos al secretario General y Legal de la Gobernación, y al Gobernador, buscan conocer la rendición de cuentas de los fondos públicos ingresados a las Sociedades, sus balances, cantidad de empleados y situación laboral de los mismos, como así también el cumplimiento por parte de las SAPEM de la normativa ambiental.
También copias de los informes de impacto ambiental, si poseen planta de tratamiento de efluentes, órganos del estado que ejercitan el control sobre los fondos públicos destinados a las SAPEM, informes producidos por dichos órganos, destino de las ganancias respecto de la parte que le corresponde al Estado.
Exigen además, copia certificada de toda la documentación pertinente y que avale los datos que se consignen en los informes, con los respectivos estatutos, actos administrativos de creación, memoria y balances de cada una de las sociedades; y los porcentajes de inversión privada en cada uno de ellos, así como la titularidad de las acciones privadas.
Tragedia en Famatina
La diputada explicó que este requerimiento sobre las SAPEM, cobre singular importancia tras el accidente ocurrido en Famatina días atrás, donde perdió la vida una trabajadora que viajaba en un colectivo contratado por la empresa Catena Zapada, asociada con el Estado provincial.
“Esta tragedia víal por un desperfecto mecánico, tiene como telón de fondo las pocas certezas sobre quién controla a esta empresa privada, supuestamente asociada a una SAPEM, ya que el Estado provincial puso la tierra, los estudios de agua, la construcción de perforaciones en la zona de Hualco, para abastecer dicha explotación”, planteó.
Los trabajadores que viajaban en el colectivo, según explicó, lo hacían en condiciones deplorables, “el Estado no solo no controla el manejo de su inversión, sino que además deja a los trabajadores a su suerte, sin articular los controles mínimos para la seguridad en el traslado”.
Concluyó: “queremos saber quién y cómo se controlan las inversiones del Estado a favor de empresas foráneas, y quien se hace cargo de las consecuencias de tremendo siniestro que costó la vida de una joven mujer a consecuencia de la falta de control, y quién protege a los ciudadanos de los negocios de éste gobierno?”
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