La Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un documento en el cual advirtió que las universidades nacionales abusan de su autonomía institucional y financiera, con el costo de cometer irregularidades administrativas serias.

Las universidades nacionales se exceden en el alcance de la «autonomía institucional» y la «autarquía económico-financiera» que la legislación les confiere. Así lo advirtió un crítico informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que dio cuenta de numerosas irregularidades referidas a compras, contrataciones, recursos humanos y espacio físico.

El informe, que se publicó en mayo pasado, recopiló los resultados de las 39 auditorías de gestión realizadas a 20 universidades nacionales entre los años 2009 y 2012.

Cabe recordar que en La Rioja funcionan la Universidad Nacional de La Rioja y la Universidad Nacional de Chilecito respectivamente.

La conclusión del trabajo es tajante: «El estudio realizado demuestra que las universidades no han dictado o aplicado normas o principios que den mayor transparencia a la gestión y puedan demostrar la eficiencia y economía en la administración de sus recursos».

El informe, del que dio cuenta el portal elauditor.info, reveló además que algunas compras se realizaron «sin antecedentes de precios que permitan estimar el gasto en los distintos procesos de licitación».

Tampoco se encontraron «actos administrativos que autoricen el llamado a licitación o la aprobación del pliego de bases y condiciones en las adquisiciones «.

Gastos sin rendición

En cuanto a las «cajas chicas», la AGN detectó que «los gastos superan el monto impuesto por la norma vigente»; observó «desdoblamientos en facturas de un mismo proveedor, de una misma fecha y numeración correlativa, viáticos sin rendición, deficiencias en los comprobantes de pago», entre otras irregularidades. Además, encontraron «cajas chicas que exceden el monto máximo de $ 10.000 y funcionarios que eran responsables o suplentes de más de una».

La Auditoría también informó sobre irregularidades en lo que respecta al personal. En efecto, comprobó que «había docentes y no docentes cuyos sueldos no se correspondían con lo establecido por normativa» y que «hubo casos de empleados de las instituciones con incompatibilidad funcional y horaria».

En lo que respecta al presupuesto, la AGN «no encontró resoluciones de las autoridades competentes de las diferentes universidades que respalden la aprobación, distribución, reajuste o modificación presupuestaria». Esto significa que se detectaron gastos sin la debida autorización.