Los fiscales y procuradores generales de todas las provincias argentinas acordaron este viernes en un encuentro en la ciudad de Córdoba articular el trabajo de prevención de nuevos hechos delictivos que alteren el orden público y la paz social, además de «darle máxima celeridad» a la investigación de los acontecimientos ocurridos».
La reunión contó con la presencia del ministro de Justicia, Julio Alak, y fue al término del acto de inauguración de un laboratorio de investigación criminal, y tras ella los fiscales y procuradores suscribieron un acuerdo denominado «Declaración de Córdoba» con tres ejes.
El primero será fortalecer las estructuras de los ministerios públicos fiscales para realizar la más estricta y eficiente investigación de los hechos (saqueos, alteraciones del orden público, etc.) ocurridos en sus respectivas jurisdicciones, para garantizar la aplicación de las sanciones correspondientes.
El segundo buscará articular con el Poder Ejecutivo de cada provincia políticas de persecución penal para dar a la sociedad una clara señal de la vocación del Estado de castigar todo tipo de hecho delictivo como los sucedidos en los últimos días.
Por último, los funcionarios impulsarán la coordinación, con la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de la actuación de los Ministerios Públicos Fiscales de cada provincia para establecer una respuesta uniforme a las acciones que reconozcan una misma naturaleza.
La «Declaración de Córdoba» lleva las firmas del Fiscal General de San Juan y presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Eduardo Quatropani, y del Fiscal General de Jujuy y titular del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Alejandro Ficoseco, según se informó a través de un comunicado.
Los procuradores y fiscales generales de las diferentes provincias están agrupados en el Consejo Federal de Política Criminal y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.
Además, participaron del encuentro los procuradores generales de Buenos Aires, María del Carmen Falbo; de La Pampa, Mario Bongianino; de Salta, Pablo Viñals; de Córdoba, María Cáceres; de Santa Fe, Agustín Basso, y de San Luis, Fernando Estrada.
También los fiscales generales de Córdoba, Darío Betsaro; de Corrientes, Pedro Sotelo; de Santiago del Estero, Luis de la Rúa; de Entre Ríos, Jorge García; de Catamarca, Enrique Lilljebal; de Formosa, Claudio Aguirre; de La Rioja, Hugo Montivero, y de Misiones, Miguel Piñero.
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