Un escándalo sin precedentes se podría dar en la provincia si se confirma la fuerte versión que se habría falsificado la firma del propio gobernador, con el fin de autorizar el pago de expedientes millonarios.
La versión toma cuerpo ya que Luis Beder Herrera dispuso echar a todos los funcionarios de primera línea del Ministerio de Hacienda, con excepción de su titular Ricardo Guerra.
La modalidad habría sido falsificar la firma de Beder Herrera en notas de pedidos de financiamiento para obras públicas en los departamentos.
El característico estilo del mandatario riojano se basa en dos pilares para las autorizaciones de pago: a través de un mensaje de texto con la palabra OK o su firma a las notas de pedidos de recursos públicos.
El sistema se fortalece con la cuenta única en el Nuevo Banco de La Rioja que centraliza la mayoría de fondos que ingresan a la Provincia mediante la coparticipación federal, como así también por programas nacionales.
Ya fueron echados funcionarios del gobierno por “bajar” fondos nacionales, a través de ONG´s sin informarle a la Casa de Gobierno. Algunos devolvieron esos recursos y otros fueron “perdonados” por el poder político.
Al propio gobernador le habría llamado la atención el pago de expedientes que no habían sido autorizados por él, especialmente de la clase política. Habría involucrados importantes referentes departamentales.
Desde 10 mil pesos hasta 500 mil pesos habrían sido el pago de expedientes pagados por el gobierno, aunque no habrían sido autorizados, aunque tendrían la firma del mandatario provincial.
El presupuesto del 2014 establece que La Rioja tiene 9.000 millones de pesos para gastos, o sea un millón de pesos por hora para gastar. Se trata de un monto incontrolable por la liviandad de los organismos de contralor.
Por eso, el flamante ministro de Gobierno, Claudio Saúl, avanzaría en un cambio casi total del Tribunal de Cuentas. Ya también fracasó el organismo UCI, un tribunal de cuentas paralelo.
Si se confirma la fuerte versión, se desnudaría un sistema que vendría de años, a través de denuncias penales.
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