Ante el inminente acuerdo de precios para el interior del país, que se firmaría la semana entrante entre el gobierno nacional y las grandes cadenas de supermercados, el gobierno provincial a través de una iniciativa del director general de Comercio Interior, Mario Stanojevic y el secretario de Derechos Humanos, Délfor Brizuela, impulsa la idea que diversos organismos provinciales se aboquen a la tarea de cuidar los precios de los alimentos y otros artículos de la canasta familiar.
Ante la situación de desconcierto generada por el injustificado traspaso del aumento del dólar estadounidense por parte de empresarios a los precios de productos enteramente fabricados en la Argentina, que generó una sensación de incertidumbre en la población y la consabida ganancia extraordinaria de algunos agentes que participan de la cadena de valor de los productos de primera necesidad, diversas áreas del gobierno provincial que tienen responsabilidad en el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y la marcha de la actividad comercial, suscribirían un convenio en el transcurso de la semana entrante con la finalidad de establecer una metodología de control de los precios de referencia de los productos que se acuerden a nivel nacional, así como informar, alertar y educar a los consumidores para defender sus ingresos.
Sobre este tema, Stanojevic comentó que “la idea es contar con jóvenes, militantes, trabajadores y funcionarios que nos ayuden a colaborar con el gobierno nacional en esta lucha por controlar el deslizamiento injustificado de los precios, generado por quienes intentan obtener ganancias extraordinarias a costa del salario de la gente. La mecánica –explicó—sería similar a la que realizamos el año pasado con el programa “mirar para cuidar”, convocando a todos aquellos que quieran participar, pero en esta oportunidad además se relevará no sólo los precios acordados sino también los relativos y se intentarán acuerdos que incluyan a comercios locales, de manera de facilitar la competencia con las grandes cadenas de supermercados”.
También puntualizó el funcionario que “luego de analizarlo con el secretario de Derechos Humanos, Délfor Pocho Brizuela, se decidió interesar sobre esta propuesta a los ministros, al subsecretario de Juventud, Juan del Moral y otras áreas, para patentizar el interés del gobierno provincial y las organizaciones intermedias de la sociedad en asegurar el éxito de los acuerdos establecidos por el Ministerio de Economía de la Nación, garantizando a los consumidores el precio justo de una gran cantidad de productos de la canasta familiar y eventualmente descubrir a quienes no cumplen con las leyes en vigencia, sancionando a los infractores”.
Por su parte, Brizuela dijo que “es importante que la población sepa que un gran número de empresarios han descubierto una brecha que les permite especular elevando los precios y echarle la culpa al gobierno, mientras el país sufre un ataque a su moneda, al igual que Brasil y otros países emergentes con la intención de desestabilizar su exitosa política económica que los puso a salvo de la crisis sin fin que atraviesan los países centrales y permitió que, aún en estas condiciones, la Argentina haya crecido por encima del cuatro por ciento en 2013”.
Ambos funcionarios coincidieron en señalar que “es importante cuidar en estos momentos el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y llevar tranquilidad para evitar acciones desesperadas porque se dan en un contexto de fortaleza y estabilidad de la economía y no en una situación de caos como pretenden instalar ciertos medios hegemónicos que están al servicio de quienes pujan por recuperar el poder económico en la Argentina, quienes ya nos condujeron otras veces al desastre y a la desintegración”.
