Un decreto ley del gobierno militar para penalizar las contravenciones sigue vigente en La Rioja. Se trata del Código de Faltas que fue creado a través del Decreto ley N° 4.245, en el año 1977.
En el 2000, la Legislatura provincial, por iniciativa de los entonces diputados Nicolás Mercado y Oscar Chamía, lo derogaron al sancionar la ley N° 7.062, que disponía un nuevo Código. Sin embargo, un decreto del Poder Ejecutivo entonces a cargo del gobernador Ángel Maza, suspendió su aplicación. Así se volvió a la irregular 4.245, que según el trámite parlamentario había sido derogada por la 7.062.
Al respecto, el secretario de Derechos Humanos, Délfor Brizuela, recordó que en el 2001 “se hizo un Código de Faltas desde la Legislatura, un código muy completo y que establecía las garantías constitucionales, los derechos individuales, Y sobre todo que el procedimiento no quede en manos del poder de la policía”.
El actual secretario y ex legislador fue el autor de la ley, pero “se suspendió extrañamente por falta de dinero para poder concretarla por medio de un decreto”. “Viendo que ese era el argumento hace un año presente un proyecto, que consistía en que lo atributos se los diera a los jueces de paz, que son los que más hay en la provincia y hasta en lugares pequeños como Mazan o Guandacol”, explicó.
De esta manera, “los jueces de paz tendrían que escuchar al imputado y determinar la sanción que le corresponde”, dijo. “Es una vergüenza que todavía tengamos un decreto de la dictadura con fuerte contenido represivo”, apuntó.
El secretario manifestó que con este proyecto no se le quiere quitar autoridad a la policía, “solo que no es su tarea, le queremos dar su lugar la policía que se sientan útiles cómodos cumpliendo siendo el brazo de la justicia, no se le quita ninguna facultad” y continuó que “el primer paso es tener la estructura”. Así Brizuela sugiere que lo Contravencional o de Falta “tiene una mirada represiva que lo que tiene que haber códigos de convivencia”.
Mientras que el abogado Emilio Rodríguez intervendrá ante el accionar de un comisario de Vinchina, que apresó sin juicio previo. Actualmente, luego de 30 años de democracia, se aplica ilegítima e inconstitucionalmente el decreto 4.245, mal llamado Código de Faltas”, comenzó Emilio Rodriguez en diálogo con Radio La Red.
“Este decreto fue concebido y en la noche más negra de la república. Este hecho por civiles y militares, está dirigido para perseguir a las personas sin darles posibilidad de defensa”, aseguró.
El letrado dio argumentaciones bajo las cuales considera ilegítimo e insconstitucional el decreto, entre ellas resaltó el excesivo poder de decisión que se le confiere a los comisarios de las dependencias policiales. “Cualquier comisarios puede arrestar y condenar a una persona, saltando todas las garantías de juicio previo y debido proceso que dicta la Constitución Argentina”, indicó.
Rodríguez presentará una acción de habeas corpus a favor de la libertad física de un vecino de Vinchina. El hombre se habría visto involucrado en una gresca callejera, por lo que el comisario lo arrestó y posteriormente se lo trasladó a la Alcaldía de la Capital –“en condiciones como si hubiera cometido el peor de los delitos”, apuntó el abogado-, sin ninguna otra intervención que la del comisario local.
“En la provincia dicen luchar por los Derechos Humanos, pero usan decretos de la dictadura”, finalizó.
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