El diputado nacional por Fuerza Cívica, Julio Martínez, y el intendente capitalino, Ricardo Quintela, se perfilan a disputar la gobernación, que hoy ostenta el gobernador Luis Beder Herrera.
Martínez es radical, y Quintela es justicialista, aunque los dos sectores tienen diálogo y han compartido una cena en la vivienda particular de la legisladora provincial electa, Inés Brizuela y Doria.
Indagado sobre sus aspiraciones electorales en el 2015, Martínez aseguró por Radio Fénix que “todavía falta mucho tiempo y no creo conveniente hablar de candidaturas”.
Ante la insistencia del periodista sobre sus deseos de ser gobernador, el radical contestó: “Quiero ser gobernador como también quiero ser Presidente, pero todavía falta mucho”. Sin embargo, sentenció: “No quiero ser Vicegobernador”.
Luego Martínez dialogó con Radio Libertad. En ese ámbito, expresó que «recién fui electo hace cinco meses, y por eso, estoy comenzando un nuevo mandato. Ponerme a hablar de nuevas candidaturas, es un agravio a la gente o una falta de respeto”.
“Creo que este es un año para trabajar, para gestión, para posicionamientos, para armar equipos, para armar propuestas. Como Fuerza Cívica queremos gobernar, para ejecutar las cosas que pensamos y que creemos sin duda», resaltó.
Destacó que «hay rumores de que voy a ser gobernador, de que voy a ser vice gobernador, intendente de Chilecito, pero no hay nada hablado todavía».
Al ser consultados sobre las últimas encuestas conocidas, en donde aparece posicionado como aspirante a la gobernación y superando a Quintela, Martínez respondió: “No creo que él (por Quintela), quiera ser vice gobernador”.
En otro orden, los legisladores de Fuerza Cívica Riojana continúan trabajando para lograr que todos los ex agentes y empleados del Estado Nacional, Provincial, Municipal, Empresas Públicas, Universidades Nacionales y Asociaciones u Organismos intervenidos durante la última dictadura militar que hayan sido cesanteados, declarados prescindibles u obligados a renunciar, por motivos políticos o gremiales con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, sean beneficiarios de indemnizaciones por parte del estado nacional.
El proyecto consta de 13 artículos y empadrona a los beneficiarios en un “Registro de Cesanteados Políticos”. El mismo quedará a cargo de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, la cual deberá confeccionar un padrón nacional de cesanteados sin causa justa”.
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