La tasa vial es una medida impopular aquí o en cualquier jurisdicción provincial o municipal. Sin embargo, Córdoba la implementó para resguardarse del embate kirchnerista, a raíz del virtual corte de recursos para obras públicas, a través del área de Julio De Vido.
Aquí es casi similar, ya que La Rioja –junto a Jujuy- es la única provincia del país en donde no hay sancionada una ley de coparticipación municipal, que permite a los departamentos tener autonomía y fundamentalmente, mostrar a sus intendentes como verdaderos administradores de recursos. Hoy son simplemente pagadores de salarios.
Los jefes comunales están atados a los deseos de la Casa de Gobierno y deben peregrinar todos los días para encontrar recursos propios.
La Capital junto a Famatina, y en menor medida Chamical, se han sublevado de esa metodología y el municipio más importante de la provincia fue más allá al sancionar una ordenanza que genera el rechazo de la sociedad, aunque acentuó aún más el debate sobre el destino de los recursos que llegan a la provincia.
Hoy La Rioja recibe 400 millones de pesos solo de coparticipación federal por encima de los aportes extras, los fondos para el pago del incremento salarial docente, el financiamiento de toda la obra pública, dentro de una lista larga de ayudas que llegan desde la Casa Rosada que supera los 700 millones de pesos.
La reacción del ministro de Infraestructura, Néstor Bosetti, no es novedad debido a sus frustrados intentos de ser intendente y fue el único del gobierno de Luis Beder Herrera de salir a pronunciarse en contra. El resto de ministros cree que toda palabra que se esboce puede volverse en contra, a raíz del malhumor social que sobrevuela en la provincia.
Rápidamente Bosetti tomó toda la cartelería de marketing para salir a asfaltar en algunos sectores de la ciudad, con el propósito de demostrar que está capacitado para hacer cosas como un virtual jefe comunal, pese que la sociedad le dio la espalda. Aunque la función ministerial no es ser competencia sino colaborar con todos los municipios.
Más allá de eso, pese que esos celos políticos han hecho perder otra década a la provincia como ya sucedió con la gestión presidencial menemista, la tasa vial no es el cobro sino lo que se puede hacer.
Es fácil de explicar: el intendente Ricardo Quintela proyecta recaudar casi un millón de pesos mensuales, lo que le permite garantizar el financiamiento de asfaltado en calles clásicas y con muchas transitabilidad. Cada cuadra tiene un costo promedio de 400 mil pesos.
Por lo cual, con esos recursos genuinos y frescos puede cumplir con la función establecida en la Constitución provincial que dice los intendentes son administradores de sus respectivos departamentos.
Quintela con fondos frescos puede plasmar hasta el 2015 un plan de obra pública que puede ser su carta de presentación como candidato a gobernador.
Para un sector del bederismo sería un acta de defunción debido que no tiene candidatos (el mejor que mide es Alberto Paredes Urquiza para aspirar algo en la Capital). El otro sector bederista, en donde están ministros, secretarios y hasta legisladores, creen que es momento de llegar a un acuerdo con el intendente, ya que la pelea del peronismo solo beneficia a la oposición.
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