Los diputados del bloque “Fuerza Cívica” pidieron informe del cumplimiento judicial, policial y la aplicación de protocolos sobre violencia de género. “Necesitamos que el Gobierno Provincial de prioridad a esta temática como tema social, de derechos humanos y de salud pública”, indicaron.
Con un pedido de informe dirigido al Ejecutivo, los diputados Inés Brizuela y Doria, Marta de León y Walter Cruz solicitaron un pormenorizado detalle del cumplimiento de la ley nacional 26.485, sobre protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
“Tenemos un ley nacional muy completa, que fue sancionada hace cuatro años, y la adhesión provincial, pero en la actualidad tenemos conocimiento de la falta de cumplimientos en aspectos relacionados con la asistencia integral, el acceso a la justicia y servicio de la misma, la prevención, la capacitación y formación, y la elaboración de estadísticas”, explicaron los legisladores.
La iniciativa se fundamenta en que “muchas de estas políticas no se aplican en la actualidad porque no existe un Plan Nacional contra la violencia de género tal como prevé la ley 26.485, política que le corresponde al Consejo Nacional de las Mujeres, aunque ésta no es sólo responsabilidad del gobierno nacional, sino también de los gobiernos provinciales y municipales”.
Datos a informar
Entre los puntos a conocer, el bloque Fuerza Cívica enumera “cuál es el recorrido que debe hacer una mujer en la interposición de una denuncia por violencia de género, si existe capacitación específica del personal, y protocolos de actuación con pautas claras y precisas en materia de denuncias, cuál es el tiempo en el que se aplican las medidas de protección a las víctimas, luego de realizada la denuncia, y cuáles son las instancias de protección que se ofrece a las víctimas que denuncian violencia de género.
También pide ahondar en la existencia de estadísticas, y cuál es el nivel de cumplimiento de las sanciones que estipula la Justicia a los maltratadores, para proteger a la víctima. Además el plazo en el que la fuerza policial cursa las notificaciones a los agresores, si existe coordinación entre las actuaciones de las Cámaras Civiles, Ministerio Público, y las del fuero penal, y si se aplica la mediación en conflictos donde existe violencia de género, dentro de la Defensoría General, entre otros aspectos.
