Acostumbradas a los apuros económicos y las cuentas en negativo, la mayoría de las provincias mantiene varios frentes de cara al segundo semestre, ya casi en la antesala de un año electoral.
Un eje que preocupa a un puñado de gobernadores es la necesidad de financiarse en el exterior, una operación que se frenó por la pelea judicial con los holdouts y la disparada de las tasas.
En total, las provincias previeron tomar deuda por más de 35.000 millones de pesos, según cálculos del Ieral, de la Fundación Mediterránea, basados en cifras de endeudamiento autorizados en los presupuestos de cada jurisdicción. De acuerdo con un informe del instituto dirigido por Nadin Argañaraz, el ranking de los cinco distritos con mayor emisión de deuda pautada son Buenos Aires ($ 14.467 millones), Entre Ríos ($ 3460 millones), Capital ($ 3112 millones), Neuquén ($2272 millones) y Córdoba ($ 1566 millones). Le siguen con montos similares Río Negro y Jujuy.
Las que más avanzadas estaban en el camino a la colocación de un bono eran Buenos Aires -de unos 500 millones de dólares- y la Capital, que recibió el aval de la Legislatura para hacer una emisión por US$ 890 millones. Desde ambas administraciones, justo lideradas por aspirantes presidenciales a 2015, Daniel Scioli y Mauricio Macri, se aferran a un desenlace positivo con los bonistas en litigio y, una vez logrado, se esperanzan con que impacte en el descenso de una tasa razonable, de alrededor de 10%, para salir al mercado.
Otro punto pendiente es la ratificación de la refinanciación de las deudas contraídas con la Nación, supeditado a revisión cada tres meses. La última renovación ya venció, y los gobernadores aguardan por otra prórroga.
Y, aunque parezca lejano porque acaban de liquidar los aguinaldos, ya empiezan las previsiones para un fin de año lo más calmo posible. Por eso, el resurgir de nuevos planteos salariales preocupa, sobre todo, después del costo que implicó la fuerte suba otorgada a los policías, tras las inéditas revueltas en el interior del país en diciembre pasado. De esa crisis emergió una especie de «mesa económica», en la que se sientan los ministros de Economía de la mayoría de las provincias una vez por mes para monitorear asuntos comunes espinosos.
La cuestión policial sigue siendo vigilada. Hace unos días ocurrió un episodio que fue rápidamente encapsulado por el gobierno cordobés, donde se originó la primera rebelión que luego repercutió en todo el país. En Villa María, se hizo una reunión de uniformados a instancias de un sindicato promovido por policías retirados que terminó con 28 detenidos. José Manuel de la Sota aplicó la flamante ley antimotines (10.187) y dispuso la cesantía y separación de 11 policías activos, 11 retirados y un ex guardiacárcel, por considerar que incurrieron en «conductas de indisciplina»..
Para Santa Cruz, la década ganadaLas provincias deberán emitir deuda por $ 40.000 millones
