Rendiciones poco claras. Asistencia a gente que no es víctima de trata. Subsidios millonarios de la Provincia y de la Nación. Maltrato a los empleados. Silencio de las autoridades de la entidad.
En estas pocas palabras, se pueden resumir las denuncias respecto de la sede cordobesa de la fundación María de los Ángeles, cuya responsable máxima es Susana Trimarco.
¿Cómo empezó esta historia? Cuando se conoció que el Gobierno de Córdoba había otorgado 2.400.000 pesos a esa institución, asociaciones de lucha contra la trata, y legisladores de la oposición criticaron la medida. Hasta las entonces autoridades de la Secretaría de Lucha contra la Trata de la Provincia se mostraron sorprendidas por la novedad.
Fue cuando La Voz del interior difundió esa noticia, en septiembre de 2013, casi un año después de la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno y la entidad que preside la madre de “Marita” Verón, la joven secuestrada y desaparecida en abril de 2002.
Allí se detallaba también la nula relación de la fundación con la Secretaría contra la Trata, y la incógnita sobre la asistencia que presta en Córdoba: tiene una sede en la capital provincial, donde, en teoría, se asesora a las víctimas, pero no posee ningún refugio ni registra estadísticas, como cantidad de mujeres atendidas o ayudadas.
La presidenta de la sede local, Gabriela Spengler, no respondió los cuestionamientos y tampoco ofreció cifras en esta oportunidad. Ni existen registros de gestión en la Provincia.
La Provincia ya le pagó a la fundación 1.6000.000 pesos de los 2.400.000 comprometidos.
A la Justicia
¿Cómo sigue la historia? Dos denuncias recientes enriquecen las dudas que ya habían sido publicadas.
Se trata de dos demandas laborales promovidas por exempleadas de la fundación, que aseguran haber sido maltratadas –tanto por Spengler como por Trimarco– y luego despedidas, tras sortear una serie de irregularidades, más un trato despectivo y violento que derivó, según ellas, en secuelas psicológicas.
Verónica Silvera y Paula Bianco trabajaron durante un año como abogada y psicóloga de la entidad, respectivamente. Entre los hechos que mencionan en sus presentaciones, figuran:
Inventar legajos.
«(…) en muchas oportunidades acudían personas con diferentes inconvenientes que en nada tenían que ver con nuestra materia. Sin embargo, cuando eso ocurría, la directora (Spengler) nos solicitaba encuadrar la problemática como si se tratase de potenciales víctimas de trata para cumplir ‘con los números mensuales’, debiendo dar de alta la causa, creando en apariencia un legajo”.
Rendiciones irregulares.
“(…) la primera rendición de cuentas fue confeccionada con varios meses de atraso a contar desde la firma del convenio que dio comienzo a la sede de Córdoba, y para ello se empezaron a aportar tickets con gastos totalmente ajenos al funcionamiento de la fundación (se presentaron tickets de supermercados con gastos de productos de consumo personal, tickets de nafta, facturas de distintos lugares, etc.)”.
Cualquier tarea.
Señalan: “No estábamos cumpliendo la misión de la fundación, ya que terminábamos limpiando, cuidando niños, repartiendo remeras, atendiendo a personas con problemas de falta de trabajo, vivienda, problemas de comunicación con sus hijos, pacientes psiquiátricos (…), y otros”.
No se trata sólo de una afirmación: las demandantes conservaron cuadernos propios en los que asentaron día por día a quiénes se asistía y cómo. De allí se desprenden las tareas que no tenían que ver con el objeto de la institución.
Financiamiento múltiple.
Más allá del compromiso del Gobierno de Córdoba de aportar 2.400.000 pesos a la fundación –a través de la entonces Jefatura de Gabinete–, Silvera y Bianco denuncian: “Los traslados que debíamos realizar se hacían por medio de la Policía provincial, al igual que las instalaciones, los trabajos de arquitectura, la decoración, etcétera. Los recursos eran remitidos por la Policía de Córdoba sin ningún tipo de control, porque a veces se remitía dinero dos veces por el mismo concepto”.
Las denuncias fueron presentadas el viernes pasado y recayeron en los juzgados de Conciliación 2ª, secretaría 4; y 3ª, secretaría 6. El abogado de las demandantes es Nicolás Boncini.
Fueron infructuosos los intentos para comunicarse con la fundación María de los Ángeles para despejar estas incógnitas. Tampoco se respondió a las consultas de este diario desde la sede Tucumán de la fundación.
Desde el Gobierno de Córdoba, la secretaria de Lucha Contra la Trata, Patricia Messio, sólo respondió preguntas por escrito. De allí se desprende que no se han encontrado irregularidades administrativas en las rendiciones de cuentas de la fundación (se rindieron 1.400.000, faltan 200 mil).
Respecto del control de la tarea que lleva adelante la entidad, señala que la Secretaría “solicitó a la fundación la remisión de un informe sobre las acciones realizadas durante el año en curso”. Pero no se aclara cuándo, por qué se solicita recién cuando la institución lleva un año y medio funcionando, o si existe un plazo para recibirlo.
En cuanto a la relación que la Secretaría mantiene con la fundación, comunica que “está siempre a disposición para desarrollar acciones y responder requerimientos” –lo que dejaría entrever que no se han realizado– y que “se llevaron a cabo las gestiones necesarias cada vez que fueron solicitadas”. Pero no se aclara cuáles ni cuántas.
“Tenemos que rendir todo”
“No la conocemos. No sabemos qué hacen. Mirá que nosotras caminamos la calle. Pero no encontramos a nadie que haya tenido contacto con ellos”, dice Eugenia Aravena, titular de la sede local de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), sobre la fundación de Trimarco. Y expone su bronca: “Me parece muy injusto. Nosotros somos una triste organización de base, con cursos de capacitación para compañeras y otros servicios, y no recibimos un solo peso para nuestra sede, donde incluso alojamos gente. Vivimos haciendo actividades de autogestión, a pulmón, con gente que dona… y a veces no tenemos ni yerba o azúcar”.
Para Alicia Peresutti, una de las más reconocidas luchadoras contra la trata en Córdoba, cualquier organización “tiene la obligación ética, moral y hasta penal de rendir las mismas cuentas que tenemos que rendir todos. Es plata de los cordobeses”.
Un ejemplo basta para medir uno y otro caso. Mientras la fundación María de los Ángeles ya cobró 1.600.000 pesos de la Provincia, Vínculos en Red –que preside Peresutti– recibió $ 100 mil con los que levantó y techó un albergue de medio camino en Villa María, de 360 metros cuadrados. La promesa para la última entidad fue de $ 1.200.000.
En la Unicameral, el oficialismo nunca aceptó los pedidos de informes de las legisladoras María Matar (UCR), Graciela Sánchez, Marta Juárez y María del Boca (Frente Cívico), que requerían descripción de los subsidios y de los motivos por los cuales estos fueron entregados a Susana Trimarco.
El lunes 15 de diciembre se conformará una comisión interinstitucional de Lucha contra la Trata integrada por la Justicia, ONG, Secretaría de Trata y legisladoras. No está previsto que la fundación de Trimarco participe. “Es más: queremos que esa comisión también pueda investigar lo que sucede con esa entidad”, señaló Graciela Sánchez.
Una lucha loable, opacada
Desde que secuestraron a su hija, Susana Trimarco se convirtió en un emblema de la lucha contra la trata.
Desde que secuestraron a su hija, Susana Trimarco se convirtió en un emblema de la lucha contra la trata. Pero en los últimos años sumó críticas por el monto y el manejo los subsidios que recibe.
María de los Ángeles Verón fue secuestrada el 3 de abril de 2002. Tenía 23 años. Vivía con su pareja, David Catalán, y su hija Sol Micaela.
Desde entonces, Susana Trimarco comenzó una lucha sin cuartel para recuperar a su hija. En ese camino, a través de la fundación María de los Ángeles, logró detect ar y desbaratar redes de trata y rescatar a algunas víctimas.
En abril de 2014, el Tribunal de la Cámara Penal de Tucumán condenó a penas de entre 22 y 10 años de prisión a los 10 acusados por el secuestro y promoción de la prostitución de “Marita”.
Antes, en diciembre de 2012, un tribunal había absuelto a todos los imputados originales. La sentencia desató protestas y un pedido de Trimarco de juicio político, que no prosperó.
Pero al año siguiente, la Corte Suprema tucumana anuló la absolución, al considerar probado que “Marita” había sido retenida primero en una casa de la capital tucumana y luego trasladada a La Rioja, donde fue obligada a prostituirse.
Al margen de esta lucha loable, en los últimos dos años se vienen sumando denuncias y críticas por los abultados subsidios que recibe la fundación, así como por el uso que se hace de esos fondos.
Se suman cuestionamientos en varias provincias a la Fundación María de los Ángeles
También hubo una denuncia contra Trimarco por maltrato por parte de su sobrina. Y polémicas por montos que recibió en Tucumán y La Rioja.
Las de Córdoba no son las únicas denuncias por maltrato contra autoridades de la fundación María de los Ángeles.
En agosto pasado, la sobrina de Susana Trimarco, Johana, denunció que su tía la echó de la Fundación María de los Ángeles por estar embarazada.
Alejandro Campos, el esposo, dijo en declaraciones a Perfil.com que esto “no es la primera vez que pasa” y que en una ocasión “Johana escuchó a Trimarco asegurar que no le sirven ‘mujeres embarazadas’”.
Y continuó: “En la fundación, por lo que mi esposa me cuenta, hay muchos maltratos, y a Trimarco le molesta que mi mujer se defienda de sus agresiones. Si las otras chicas que trabajan en la fundación hablaran, todo sería más claro, pero saben que las van a echar. Ya pasó con decenas de empleados, tanto acá en Tucumán como en Córdoba”.
Desde la fundación, señalaron que la joven fue despedida por otros motivos, antes de quedar embarazada, y que tenía a su disposición el monto de la indemnización, si es que quería retirarla.
Festival.
Tras la intención del Gobierno tucumano de otorgar 830 mil pesos a la fundación María de los Ángeles para la organización de un festival que se realizará el próximo sábado 13, legisladores de la oposición rechazaron la iniciativa.
Aseguran que es discrecional, desmedida e inequitativa para las demás ONG que luchan contra la trata. Recordaron que, desde 2013, el Ejecutivo tucumano cedió más de 2,3 millones de pesos a esa entidad, además del edificio del ex Hospital Militar, donde se levantó la nueva sede de la institución.
La Rioja.
A mediados de noviembre, la fundación que encabeza Trimarco organizó un festival gratuito en La Rioja, con la presencia de grupos como El Bahiano, La Bersuit y Nonpalidece. También se brindaron capacitaciones a policías y a estudiantes de escuelas secundarias. Pero generó polémica el subsidio de 500 mil pesos para esas jornadas, que había aportado el Gobierno provincial.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja, Claudio Saúl, aclaró que los fondos fueron aportados por la Nación y que la Provincia se limitó a transferir el dinero.
Acusación.
Una de las acusaciones más fuertes contra Trimarco fue realizada por el ahora legislador porteño Gustavo Vera, integrante de La Alameda, entidad que también lucha contra la trata de personas.
Aunque no hizo denuncia judicial, hace un año señaló públicamente: “No opino (de Trimarco), porque cae por su propio peso por la cantidad de dinero que recibió y la cantidad de convenios que firmó, algunos inexplicables. Es lamentable que una persona que en su momento ayudó tanto a instalar públicamente el tema de la trata de personas termine deformando esta causa y que el día de mañana nos tengamos que enterar de que fue instrumento de lavado de dinero de muchos funcionarios”, señaló.
Tucumán.
El 11 de septiembre de 2013 hubo un escándalo en la Legislatura tucumana. El oficialismo pretendía aprobar una ley que autorizaba un subsidio de 1,55 millones de pesos para la Fundación María de los Ángeles.
Si bien ponderaron el trabajo de Susana Trimarco, los opositores tildaron la iniciativa de “electoralista”. El radical Romano Norri sostuvo que el Estado debía hacerse cargo de esa función y no la ONG. Luego, la discusión devino en un caos y la oposición abandonó el recinto. El oficialismo aprobó la iniciativa en soledad.
