Marisa Romero, representante de la Asamblea Riojana Capital, en comunicación con Radio Viva comentó acerca del fallo de la justicia que prohíbe la actividad nuclear en la zona del Cantadero.
«Es una una resolución de una causa que inicia la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) contra la municipalidad, cuando ellos hacen la clausura preventiva en 2013, inician una acción de amparo con medida cautelar, esta sale primero porque es provisoria hasta que se resuelve lo definitivo, a fines del 2013 sale la resolución de la cautelar y resuelve suspender la aplicación de la ordenanza que prohíbe la actividad nuclear» explicó Marisa Romero, representante de la Asamblea Riojana Capital.
Romero comentó que la asamblea ante la suspensión convocó a marchas, y que la municipalidad presentó una apelación, pero que mientras tanto no quedaba nada firme, «y ante la inacción de todo el mundo comenzamos el corte con acampe, y todas las medidas que se dieron a conocer» explicó, comentando hubo un falló rechazando dicha apelación, manifestando una apelación tardía, «y eso nos hizo quedar mas tiempo en el corte, pero hasta ese momento estaba suspendida la ordenanza, pero tampoco corría la clausura, ahora sale la resolución del fallo de la causa principal y ahí le rechazan el amparo a la CNEA, por cuestiones formales sin analizar la cuestión, no tomando en cuenta la presentación de ellos» dijo.
«Eso significa que la ordenanza hoy a vuelto a ser vigente, y que la municipalidad tiene poder de policía que le daba la ordenanza, que al estar prohibida, se podía ejercer clausura y decomiso de los vienes que se utilicen en la actividad» explicó la abogada, agregando que además de la licencia social, ahora cuentan con la ordenanza para exigir que se prohíba todo tipo de actividad minera.
«Cada vez que no enteramos que hay movimiento, subimos, discutimos y pedimos que se vayan, eso no nos correspondería, para eso esta la autoridad» dijo Romero, expresando que pedirán a la municipalidad el uso de la fuerza publica «como lo hacen con cualquier negocio», explicando que deben ejercer la clausura, anulando así los permisos de gobierno nacional y provincial que posee la CNEA.
