La opinión del fiscal federal de Tucumán Carlos Brito resultará clave para decidir si el jefe del Ejército, general César Milani, es investigado por las muertes de tres soldados y de un suboficial de esa fuerza, ocurridas en mayo de 1976, un mes antes de la desaparición del conscripto Alberto Ledo. Se trata de los soldados Carlos Alberto Fricker, Juan Ángel Toledo Pimentel y Carlos Cajal, y del sargento Alberto Lai, quienes, según la presentación realizada esta semana por el peronista disidente Enrique Romero, integraban la misma compañía que Ledo y habrían sido ejecutados por oficiales de Inteligencia del Ejército.
Según fuentes judiciales, el juez federal Daniel Bejas le pidió al fiscal que emita un dictamen sobre la denuncia de Romero, quien solicitó unificar la investigación de esas muertes en el expediente Ledo.
Milani, acusado por el presunto encubrimiento del crimen de Ledo, negó responsabilidades en las muertes de Fricker, Toledo Pimentel, Cajal y Lai. El área de prensa del Ejército dijo que «la falsa atribución de dichos ilícitos demuestra el carácter temerario de la aseveración, pues no se corresponde de modo alguno con la presencia del jefe del Ejército en el lugar y momento de los hechos».
Y anunció que «se accionará legalmente» contra Romero. En este sentido, aclaró que Milani «no se encontraba presente en la provincia de Tucumán, lugar donde ocurrieron los hechos, ya que se hallaba destinado en la provincia de La Rioja».
Romero ratificó sus dichos y aseveró que aportó pruebas que confirman que, en mayo de 1976, «Milani sí estaba en Tucumán cumpliendo tareas de inteligencia, al servicio del fallecido represor Antonio Bussi». Y agregó: «Hago responsable a Milani de cualquier situación que me pudiera ocurrir, ya que no tengo intenciones de silenciarme ni de cometer suicidio».
