El país sigue enfrentando una situación de polarización entre los medios de comunicación progubernamentales y la prensa privada de oposición.

Desde su ascenso a la Presidencia de la República, en 2007, la presidenta argentina ha organizado muy pocas conferencias de prensa, esquivando a menudo cuestiones problemáticas.

El 29 de octubre de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) es constitucional. Ésta busca fortalecer el pluralismo y la libertad de información en el país.

La pugna por su aplicación entre el grupo Clarín y el gobierno continuó.

Aunque los ataques directos a periodistas son pocos, respecto a otros países de la región, estos se han recrudecido y con gran frecuencia permanecen en la impunidad.

Las autoridades no dudan en emplear la censura, incluso la fuerza, para controlar la información que les molesta, en particular al interior del país.

Por otra parte, el año estuvo marcado por la violencia de las fuerzas del orden contra los periodistas en las manifestaciones de policías que reclamaban un aumento de salarios en Buenos Aires y en varias provincias.