El 18 de marzo, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) intimó a la empresa de telefonía Movistar a informar de manera detallada las razones por las cuales realizó un cambio unilateral en la condiciones de contratación de los planes de datos de sus usuarios.
Lo que sucedió previo a la intimación fue que a algunos clientes de la compañía se les avisaba por SMS que habían superado el límite de navegación, y que si querían continuar usando la red de datos, se les iba a cobrar $3,30 diarios cada 15 MB consumidos. De esta manera, los usuarios que tenían contratado un plan con “internet ilimitado”, se enteraron por mensaje de texto que habían consumido todo su crédito de datos, y que a partir de ese momento se les facturaría un extra.
Por este motivo, un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) de varias provincias, presentarán la semana que viene una demanda colectiva contra la empresa. Protectora de Mendoza, Unión de Usuarios y Consumidores de Buenos Aires, Arco de La Rioja, UCA de Buenos Aires, Aconoa de Tucumán, Adecse de Santiago del Estero, y Proconsumer Santa Fe, son algunas de las organizaciones que impulsarán acciones judiciales en sus respectivas provincias buscando que la empresa deba responder ante la justicia de cada lugar de manera independiente y no que despliegue una defensa solo en la ciudad de Buenos Aires.
Mediante la presentación solicitarán que se declare a la demandada en infracción al artículo 42 de la Constitución Nacional que establece, entre otras cuestiones, que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a información adecuada y veraz; y a la ley de defensa del consumidor en referencia a cláusulas abusivas de contratos de telefonía.
De esta forma pedirán la nulidad del aumento o cargo “ilegal” en la prestación del servicio “internet por día” o “cualquier otro” que no cumpla las previsiones contractuales y legales contratadas originalmente.
A su vez, también conforme con la ley de defensa del consumidor, pedirán que se cumpla con las pautas y el procedimiento para restituir los montos cobrados indebidamente, más los intereses adeudados sobre la base del principio de reparación integral a los usuarios damnificados.
Por último, la presentación exigirá que se le apliquen las multas previstas por la ley que regula los derechos de los consumidores.
