La Justicia Federal secuestró el martes pasado documentación en Casa de Gobierno sobre el helicóptero siniestrado en la localidad de Villa Castelli. Fue tras una medida dispuesta por el fiscal federal, Horacio Salmán, en el marco de la causa por la muerte de diez personas en la cabecera del departamento General Lamadrid, ubicado a más de 300 kilómetros de la capital riojana.
La medida se realizó, a través de la Gendarmería Nacional, con el fin de clarificar los hechos que se dieron por el choque de los dos helicópteros oficiales (uno de La Rioja y otro de Santiago del Estero).
Salmán exhortó a la Secretaría General de la Gobernación, cuyo titular es Alberto Paredes Urquiza, con el propósito que suministre toda la documentación sobre el uso y alquiler del helicóptero del Estado riojano. Por ello, la Justicia pretendía acceder al contrato de alquiler de un bien público, en base a los dichos del propio gobernador Luis Beder Herrera.
El fiscal tiene a su cargo la causa que conmocionó a La Rioja, como así también Francia, en donde perdieron la vida ocho franceses. A raíz de ello, la Presidencia del país europeo anunció que se presentaría como querellante. Eso sucedió debido que se abrió una causa en París, mientras que en La Rioja avanza otra.
Con la fuerte presión francesa, la Fiscalía a cargo de Salmán tomó una serie de allanamientos, como aconteció en la Casa de Gobierno, como así también en otras oficinas vinculadas a la causa, como es la empresa turística Praia Rosa, quien tenía a su cargo la logística del programa de televisión francesa, mientras hacía uso del helicóptero del Estado provincial.
Por lo menos, una decena de medidas se concretaron durante la semana pasada, que se mantuvieron en el hermetismo, con el fin que no se transformarán en un escándalo político, ya que La Rioja está en un proceso electoral que desembocará en el 5 de de julio.
El fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, se habría comprometido con Salmán para abrirle las puertas de la Casa de las Tejas para que el operativo que se concretó no se transformará en un show mediático.
Con la documentación secuestrada, el fiscal Salmán podría imputar a funcionarios provinciales y empresarios turísticos por la tragedia de Villa Castelli, que el Gobierno trató por todos los medios no ganara la agenda política y mediática.
