El juez federal Julián Ercolini desestimó hoy una denuncia contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por presunta protección y encubrimiento sobre el Jefe del Ejército, César Milani, en algunas investigaciones en su contra por violación a los derechos humanos en la última dictadura militar.
Fuentes judiciales informaron a NA que lo decidió el juez ante la falta de impulso de la investigación por parte de la fiscalía a cargo de Leonel Gomez Barbella.
La denuncia había sido hecha por los senadores de la UCR José Manuel Cano, Gerardo Morales, Silvia Elías de Perez, y Gerardo Rubén.
La Procuradora fue denunciada por supuesta protección respecto a Milani, ante el avance de la investigación sobre Milani en una causa en la provincia de La Rioja, concretamente aquella en que se lo acusaba de participar en el arresto ilegal de Ramón Alfredo Olivera en el Instituto de Rehabilitación Social, el 11 de marzo de 1977.
En esa causa Milani era investigado por el fiscal federal Horacio Salman, cuya inacción en el expediente ameritó incluso una nulidad decretada por el juez Daniel Herrera Piedrabuena, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)denunció a aquel por mal desempeño en sus funciones.
Los senadores de la oposición acusaron que en esta causa hubo un comportamiento diferente del Ministerio Público Fiscal respecto a otras donde también se investigan delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Según acusaron, Gils Carbó como jefa de fiscales «debía exhortar y controlar, dentro del ámbito funcional y de acuerdo con la política criminal para los integrantes del ministerio a su cargo, instando el avance de las causas».
Incluso remarcaron que de su parte tampoco «no hubo seguimiento, intervención, ni sanción a los fiscales que supuestamente paralizaron el avance de la causa» contra Milani, e hicieron extensiva la acusación contra Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El fiscal Gómez Barbella sostuvo que la conducta de su par Salman, «no halla encuadre dentro de los delitos de prevaricato (fallos contrarios a derecho, ndr), incumplimiento de los deberes de funcionario público o denegación de Justicia» y tampoco las de Gils Carbó y Auat.
Según Gómez Barbella, cuyos argumentos fueron citados por Ercolini, el fiscal Salman «previo a decidir la cuestión planteada, analizó debidamente y explicó cuales eran las razones dque lo llevaron a esa decisión, más allá de su acierto o error». «Mencionó Gómez Barbella la demostración de un activo interés y colaboración de las instituciones comprometidas en el ámbito de la Procuración General de la Nación» para con la causa en cuestión, sostuvo Ercolini en la resolución a la que accedió NA.
Por otra parte, el juez expuso que tal cual argumentó la fiscalía, hubo interés por parte de la Procuración a tal punto que se instruyó la formación de un sumario disciplinario sobre la actuación de Salman.
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