Cuando parecía que la mayoría de los gobernadores se habían resignado a aceptar la derogación del Decreto emitido por CFK pocos días antes de vencer su mandato, que extendía a todas las provincias el fallo de la Corte Suprema restituyendo el 15% de pre coparticipación que se detraía a las provincias, en los último días han resurgido los reclamos.
En cuanto al perjuicio que han sufrido las provincias por no contar con estos recursos desde 2006, actualizando a valores de hoy estas detracciones acumulan un estimado de $ 537 mil millones, lo que a su vez equivale a 1,3 veces lo que recibieron por coparticipación durante el año 2015.
Es decir que han acumulado una pérdida que supera un año de giros por recursos tributarios de origen nacional. En términos relativos los montos cedidos cada año han significado en promedio desde 2006 un 6,4% de los Ingresos Totales del consolidado de las 24 provincias, llegando al 11% promedio en Santiago del Estero y en el rango del 10% al 9% promedio anual para San Luis, Formosa, Catamarca, Corrientes, San Juan, Salta, Jujuy, La Rioja, Chaco y Tucumán.
Con esos 15 puntos porcentuales (p.p.) adicionales, en lugar de presentarse un déficit consolidado para todos los períodos entre 2006 a 2015, excepto 2006 y 2010, las provincias podrían haber exhibido superávits para todos esos años. Por ejemplo, para 2015 estimamos que el déficit consolidado de los 24 distritos habría llegado a los $ 26.700 millones de pesos (-0,5% del PBI), pero sin haber cedido recursos de coparticipación ese resultado se habría convertido en un superávit de $ 34 mil millones (0,6% del PBI).
Ahora, si en lugar de haberlos ahorrado para revertir los números rojos, los 15 puntos se hubieran destinado a infraestructura se tendría que en vez de un ratio de Gastos de Capital sobre Gastos Totales del 14% (promedio entre 2006 a 2015) se podría haber alcanzado uno del 20%. En este caso 14 provincias hubieran llegado al 25% o más de su presupuesto total destinado a inversión pública, en lugar de sólo 5.
Si se suman las Transferencias Corrientes y las de Capital, neteando los giros del FFS, se observa que éstos han sido superiores todos los años desde 2006 a lo que hubiera significado recibir los 15 puntos adicionales.
Sin desfinanciar al ANSES, ya que el resultado neto todavía sería positivo para el gobierno nacional, se podrían reemplazar estas transferencias discrecionales por la coparticipación ampliada del 15% que prevé criterios de distribución más objetivos, y que aunque también son sujetos a crítica, por lo menos no dependen de la afinidad política de los distritos con el gobierno de turno.
Honrando el derogado decreto podría darse un poco más de transparencia al actual esquema reduciendo su discrecionalidad mientras se logre allanar el camino para la demorada reforma del régimen de coparticipación.
Tal vez este informe pueda servir como pequeña guía de negociación para la mayoría de los gobernadores enojados con el gobierno nacional.
