La iniciativa fue acompañada por todo el arco político mendocino con representación en el Congreso Nacional y encabezada por la titular de la Corporación Vitivinícola, Hilda Wilheim, y el ministro de Economía, Enrique Vaquié.
Wilhelm manifestó su rechazó a la ley 5708 al señalar que “la vitivinicultura argentina está a favor del consumo responsable y sin excesos, pero consideramos que este tipo de reglamentaciones causarán un severo perjuicio en la pérdida de los niveles de ocupación en las zonas vitivinícolas de origen y afectará la imagen de Argentina a nivel internacional».
El pedido de inconstitucionalidad encontró apoyo en el arco político mendocino en el Congreso Nacional. En la presentación, estuvieron los diputados nacionales Alejandro Abraham, Luis Borsani, Graciela Cousinet, Patricia Giménez, José Luis Gioja, Myriam Juárez, Luis Petri, Rubén Miranda, y los senadores Anabel Fernandez Sagasti, Julio Cobos y Pamela Verasay.
Pero hubo una ausencia llamativa: la de Susana Balbo, la diputada nacional que es empresaria bodeguera y una de las referentes del PRO en Mendoza.
El radical Borsani afirmó que «la decisión de la Legislatura porteña es equivocada porque existe una normativa nacional que regula el comercio y la publicidad. Por otro lado, tenemos una ley que declara al Vino bebida nacional y encomienda al Estado Nacional a promover su producción y consumo».
Borsani recalcó que el vino es consumido en un 93% en el ámbito del hogar o en reuniones familiares y el 7% restante corresponde a la gastronomía y a lo social, pero que hay una caída sistemática en su consumo que, el año pasado, fue del 12% a nivel nacional.
Más dura se mostró la legisladora kirchnerista Fernández Sagasti, al señalar que “el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intenta desviar la atención ante la vergonzosa falta de controles de la macabra fiesta TIME WARP, donde murieron jóvenes por la desidia de las autoridades del gobierno porteño”.
Fernández Sagasti sostuvo que el vino es considerado un alimento por una ley nacional y que la medida impulsada por la Legislatura porteña tendrá perjuicios para las provincias productoras, entre ellas, Mendoza, San Juan, La Rioja y Río Negro. “Ni siquiera se han tomado el trabajo de diferenciar las bebidas blancas que son las que usan los jóvenes en las previas con el vino, eso fue lo que prometió Santilli y luego se lavó las manos”, concluyó.
La presentación
La acción presentada por la vitivinicultura argentina a través de COVIAR, considera declarar inconstitucionales los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 1° de la Ley 5708 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los artículos del Decreto 44/17 modificado por el Decreto 48/17 que impiden llevar a cabo acciones publicitarias.
