El Foro de la Convergencia Empresarial pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia rechazar los «avances desmedidos» de las intendencias sobre las empresas, al criticar la presión tributaria a través de múltiples tasas que cobran los municipios para mejorar su recaudación, un proceso que se profundiza en medio de la campaña electoral.
La entidad solicitó «respetuosamente» al máximo tribunal tener en cuenta «lo dispuesto por la Constitución y las normas sobre coparticipación de impuestos y rechace los avances desmedidos de los municipios en la imposición de tasas».
El máximo tribunal de justicia debe decidir en los próximos días en el conflicto entre la compañía Petrolera Esso Argentina contra la Municipalidad de Quilmes sobre un cobro de la tasa de seguridad e higiene que la empresa rechaza.
El fallo es «de crucial importancia para la economía argentina, ya que lo que se discute es la desmedida e inconstitucional carga tributaria que aplican los municipios en la mayoría de las jurisdicciones del país», sostuvo la entidad.
El Foro viene sosteniendo desde su fundación en el 2014 la necesidad de una «fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía».
Reclamó que la reducción de la presión empresaria debe ser una política de Estado para promover «la inversión, aumentar el empleo, terminar con la pobreza y la exclusión social y encaminar a Argentina en la senda del desarrollo sostenible».
El Foro agrupa a 80 entidades y cámaras empresariales, al llamado G6, que integran las cámaras de Comercio y Servicios (CAC), de la Construcción (Camarco), la Asociación de Bancos (ADEBA), la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).
De los 163 impuestos que imponen la Nación, provincias y municipios 82 corresponden a los niveles de municipios y departamentos, según señaló la entidad que denunció que la presión fiscal de 22,9% sobre PBI en 2002 y creció un 50% hasta llegar al 33, 4% sobre PBI en 2019.
«Los excesos más comunes de los fiscos municipales son la ausencia del servicio o su deficiente prestación, la pretensión de aplicar tasas a contribuyentes que no tienen en el municipio el sustento territorial», solicitó el FCE en un comunicado.
La entidad empresarial se quejó porque el «cálculo del importe de la tasa utilizando el parámetro de ingresos brutos, determina valores a ingresar totalmente irrazonables y por la multiplicación de la tasa sobre varias actividades ejercidas dentro de un mismo local habilitado».