La provincia de La Rioja se ubica entre las de mayor dependencia de la Nación. Su matriz económica, con un sector privado débil y un Estado sobredimensionado, la deja en una situación vulnerable ante cualquier recorte de fondos, un problema que se agrava en el actual escenario de ajuste.
La provincia de La Rioja es un ejemplo paradigmático de la dependencia de los fondos federales que afecta a gran parte del interior de Argentina. Su economía, históricamente ligada a las transferencias de la Nación, se ha vuelto extremadamente vulnerable a cualquier cambio en la política fiscal. En el actual contexto de ajuste y recortes impulsado por el gobierno de Javier Milei, este modelo de subsistencia enfrenta su mayor desafío.
La principal fuente de ingresos de La Rioja no proviene de la producción ni del sector privado, sino de la coparticipación federal de impuestos. Esta dependencia crónica ha generado un Estado sobredimensionado, con un gran número de empleados públicos y un sector privado débil, incapaz de generar empleo de calidad y de impulsar un crecimiento económico sostenible.
Un modelo de subsistencia en crisis
El modelo de subsistencia de La Rioja se basa en un círculo vicioso. La falta de un sector productivo robusto obliga al gobierno provincial a recurrir a la Nación para financiar sus gastos. Estos fondos, a su vez, se destinan principalmente al pago de salarios y a la asistencia social, lo que perpetúa la dependencia y desincentiva la inversión privada.
En este escenario, el plan de ajuste de Milei golpeó de lleno en la provincia. La suspensión de la obra pública y el recorte de fondos discrecionales han generado una crisis financiera y social que ha llevado al gobernador Ricardo Quintela a un enfrentamiento directo con la Casa Rosada. Quintela, que ha denunciado un «avasallamiento» al federalismo, ha intentado frenar los recortes a través de la vía judicial y de la protesta política.
El debate sobre la autonomía económica
La situación de La Rioja pone sobre la mesa un debate más profundo sobre la autonomía económica de las provincias. Para muchos economistas, la solución no pasa por un mayor asistencialismo, sino por la implementación de políticas que fomenten la inversión privada, la diversificación de la producción y la reducción del gasto público.
Sin embargo, para los defensores del modelo actual, la coparticipación no es un regalo, sino un derecho constitucional que busca corregir las asimetrías regionales. La Rioja, argumentan, es una provincia con escasos recursos naturales y una baja densidad poblacional, por lo que necesita el apoyo de la Nación para garantizar el bienestar de sus habitantes.
En definitiva, la dependencia de La Rioja de la coparticipación federal es un problema estructural que no tiene una solución sencilla. La provincia se encuentra en una encrucijada, atrapada entre un modelo de subsistencia que se agota y la necesidad de encontrar un nuevo camino hacia la autonomía económica.
