Daniel Herrera Piedrabuena rompió el silencio en una conferencia de prensa. Confirmó que buscará completar la ronda masiva de indagatorias antes de fin de año y respondió con dureza a las críticas sobre los tiempos de la Justicia: «No es atribuible a este juzgado ninguna demora».
En un movimiento judicial de alto impacto político y social para la provincia, el Juez Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, confirmó el avance decisivo en la denominada «Causa de las ONG». En una conferencia de prensa donde buscó despejar dudas sobre el accionar de su juzgado, el magistrado anunció el llamado a indagatoria para 230 personas involucradas en la investigación por presunto manejo irregular de fondos.
El expediente, que tuvo su origen en un reporte de operaciones sospechosas emitido por el Banco Rioja ante la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), investiga una compleja red de movimientos financieros. Herrera Piedrabuena detalló que el objetivo del tribunal es titánico: «El Juzgado intentará hacer todas las indagatorias antes de que termine el año», sentenció, marcando un ritmo acelerado para los próximos meses.
«Quieren agraviar a la Justicia»
Uno de los puntos más tensos de su declaración fue la respuesta directa a los cuestionamientos mediáticos y políticos sobre la supuesta lentitud del proceso. Visiblemente molesto, el juez federal rechazó cualquier tipo de especulación sobre «cajoneos» o retrasos intencionales.
«No es atribuible a este juzgado federal ninguna demora, ni ninguna situación o cosa extraña a la investigación», disparó Herrera Piedrabuena. El magistrado aseguró que las críticas buscan «agraviar la actuación de la justicia cuando eso no es así», defendiendo la labor de su equipo frente a la complejidad de una causa que involucra a cientos de actores y miles de fojas de documentación financiera.
La ruta del dinero
El juez explicó la génesis del conflicto judicial para contextualizar la masividad de las imputaciones. «La causa empezó así, con ese reporte que hace el Banco Rioja a la PROCELAC», narró. A partir de esa alerta financiera, se destapó una olla que hoy pone en el banquillo a más de dos centenares de personas, quienes deberán presentarse en el juzgado para ser notificadas formalmente de los hechos que se les imputan y ejercer su derecho a defensa.
La reactivación de la causa llega en un momento sensible, donde la Justicia Federal busca mostrar celeridad y transparencia ante una sociedad que demanda resoluciones rápidas en casos de corrupción o administración fraudulenta. Con el reloj corriendo hacia el cierre del año judicial, los tribunales federales de La Rioja se preparan para una maratón de declaraciones que promete sacudir el mapa político local.
