Un relevamiento oficial detectó cientos de causas paralizadas, diferencias de estadísticas y una gestión “verbal” de las tareas. El Superior Tribunal ordenó un plan de regularización urgente y giró las actuaciones al Consejo de la Magistratura.
Un terremoto administrativo sacude a la Tercera Circunscripción Judicial de La Rioja. Lo que comenzó como un procedimiento rutinario dentro del Plan Anual de Control de Gestión 2025 terminó destapando una olla a presión institucional en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Chamical.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) recibió el Informe de Auditoría N° 6 y los resultados son lapidarios: desorganización, ineficacia y un cúmulo de expedientes sin respuesta que ponen en jaque el servicio de justicia en los llanos riojanos. La gravedad de los hallazgos no solo derivó en la orden de un “plan de regularización inmediato”, sino que activó un resorte político-judicial de consecuencias imprevisibles: el envío de los antecedentes al Consejo de la Magistratura para investigar la responsabilidad funcional de la magistrada a cargo, la Dra. Adriana Loureiro.
La radiografía del colapso
La auditoría, ejecutada entre el 24 y el 26 de septiembre por el equipo técnico de la Dirección de Órganos Jurisdiccionales, arrojó luz sobre una gestión que parece operar al margen de los protocolos formales.
Según el documento elevado al Alto Cuerpo, el juzgado se maneja con una distribución de tareas verbal, sin perfiles de puestos definidos ni organigramas claros. Esta informalidad administrativa tiene un correlato físico: se reportó una desorganización de los expedientes y la inexistencia de libros de pases internos, herramientas básicas para la trazabilidad judicial.
Sin embargo, el dato que más preocupa en los pasillos de la justicia riojana es la inconsistencia estadística. Los auditores cruzaron los datos informados oficialmente con los expedientes físicos reales y encontraron un agujero negro: una diferencia de 389 causas que figuran en un lado pero no en el otro. Además, se constató que 362 expedientes se encuentran fuera del Juzgado, una situación que vulnera la cadena de custodia.
Números en rojo
El informe desmenuza la parálisis en cifras que explican la mora judicial en la región:
Índice de eficacia mínimo: El nivel de resoluciones alcanza apenas el 18%.
Causas «cajoneadas»: La tasa de acumulación asciende a 756 expedientes ingresados entre 2017 y 2022 que, a la fecha, continúan sin conclusión.
Sin respuesta: De un total de 696 causas activas relevadas en la muestra, 266 no cuentan con instrucción alguna y 261 ni siquiera registran la primera respuesta jurisdiccional.
A esto se suma la falta de previsibilidad: el organismo no cuenta con un calendario de audiencias ni conserva registros históricos, operando en una suerte de “día a día” que impide cualquier planificación estratégica.
El impacto político y el futuro de Loureiro
La decisión del TSJ de hacer público el resultado de la auditoría y tomar medidas drásticas envía un mensaje claro hacia el interior del poder judicial provincial: se acabó el margen para la inacción.
Al ordenar a la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial la implementación de un plan de regularización, el máximo tribunal interviene de facto en la operatoria del juzgado para intentar sanear la situación. Pero la clave política reside en la remisión al Consejo de la Magistratura.
Esta acción sugiere que el TSJ considera que las fallas detectadas exceden el mero desorden administrativo y podrían constituir un mal desempeño de las funciones por parte de la jueza Loureiro. Con las pruebas sobre la mesa, la magistrada enfrenta ahora un escenario complejo donde deberá responder por qué, en su juzgado, la justicia llega tarde o, según los números de la auditoría, directamente no llega.
