Acorralado por el recorte de fondos nacionales y sin margen para la obra pública, el gobierno provincial reconfigura su estrategia para llegar a diciembre de 2027. La audiencia ante la Corte Suprema del 3 de diciembre no es solo una disputa legal por 1.300 millones de dólares: es la bala de plata para garantizar la paz social y evitar el colapso financiero antes del recambio institucional.
En los pasillos de la Casa de las Tejas, la euforia por los grandes anuncios de infraestructura ha dado paso al pragmatismo más crudo. Con el calendario marcando la cuenta regresiva hacia el 10 de diciembre de 2027, fecha en la que Ricardo Quintela deberá entregar la banda de gobernador, el plan de gobierno ha sufrido una mutación forzada pero evidente: el objetivo ya no es el desarrollo, sino la supervivencia. La administración riojana parece haber asumido un mandato tácito de «pagar salarios y resistir», convirtiendo a la planilla de sueldos estatales en la única política pública viable frente al torniquete financiero aplicado por la Casa Rosada.
Este escenario de «economía de guerra» resignifica dramáticamente la cita judicial que tendrá lugar en pocos días. La audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia para el próximo 3 de diciembre deja de ser un mero trámite procesal para convertirse en una cuestión de vida o muerte para las arcas provinciales.
No es casualidad que el Asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea, haya elevado el perfil mediático del reclamo. Los 1.300 millones de dólares que La Rioja exige a la Nación —acumulados por la retención de fondos coparticipables y extracoparticipables desde la asunción de Javier Milei— no están pensados hoy para reactivar la obra pública paralizada ni para grandes inversiones de capital. En el nuevo esquema de prioridades, esos recursos son el «fondo de garantía» necesario para asegurar que los empleados públicos, el motor del consumo local, cobren en tiempo y forma durante los próximos dos años.
El cálculo político de Quintela es claro: llegar al final de su mandato con la paz social ordenada es el único legado posible en este contexto adverso. Sin la «caja» discrecional que fluyó durante el gobierno anterior, la provincia ha quedado expuesta a su debilidad estructural: una dependencia casi total de los giros nacionales.
Si la Corte Suprema habilita una vía de negociación o falla a favor de la provincia, el oficialismo riojano habrá conseguido el oxígeno necesario para «planchar» la gestión hasta 2027. El gobernador podría así retirarse sin estallidos, administrando la escasez y transfiriendo el problema de fondo a su sucesor.
Por el contrario, si la vía judicial se empantana y la Nación mantiene el grifo cerrado, el «operativo solo sueldos» entrará en zona de riesgo. La Rioja se enfrenta a la paradoja de tener que litigar no para crecer, sino para mantener el status quo de una administración que, forzada por las circunstancias, ha decidido archivar cualquier ambición que no sea pagar los haberes a fin de mes. La audiencia del 3 de diciembre definirá si esa estrategia de mínima es sostenible o si el final del mandato se convertirá en una carrera contra el desfinanciamiento.
