El oficialismo logró sancionar la «ley de leyes» calificada de emergencia, junto a la Impositiva y una histórica reforma del Tribunal de Cuentas. El reclamo ciudadano contra la representante de La Libertad Avanza fue rechazado por cuestiones reglamentarias, aunque la documentación quedó bajo la lupa institucional.
La Legislatura de La Rioja protagonizó este jueves una sesión decisiva que marcó la hoja de ruta económica y política para el próximo año. En el marco de la 12° sesión ordinaria, el cuerpo legislativo aprobó el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la nueva normativa orgánica del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la jornada estuvo atravesada por la tensión política ante el intento de impugnación de Andrea Juárez, diputada electa por La Libertad Avanza, un planteo que finalmente fue desestimado por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El debate económico fue el eje central. El oficialismo, con el respaldo de su mayoría, dio luz verde a un Presupuesto provincial proyectado en $1.832.020.623.871, definido por el presidente de la Comisión de Hacienda, Oscar Chamia, como un cálculo «de emergencia».
La narrativa del gobierno provincial apunta directamente a la Casa Rosada: el argumento central es la retirada de fondos nacionales para obra pública y la discontinuidad de programas federales. Según detalló el miembro informante, la asfixia financiera obligó a la provincia a destinar en algunos meses hasta el 93% de sus ingresos exclusivamente al pago de salarios. «Este presupuesto garantiza que ningún trabajador estatal quede sin empleo y nadie deje de cobrar», aseguró Chamia, marcando las prioridades en salud, educación y seguridad, mientras el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) optó por no acompañar ni el Presupuesto ni la Ley Impositiva.
Alivio fiscal y ajuste por inflación
En paralelo, la Ley Impositiva 2026 trajo novedades para los contribuyentes. Si bien se aplicaron adecuaciones cercanas al 30% en tasas y alícuotas —justificadas por el impacto inflacionario—, el oficialismo destacó una medida de alivio para los sectores medios y bajos: se duplicó el monto del Mínimo no Imponible en el Impuesto a los Ingresos Brutos.
Esta modificación busca que más comerciantes y pequeños contribuyentes queden exentos o paguen menos, en un intento por oxigenar la actividad económica local. Además, se ratificaron los incentivos fiscales para vehículos híbridos y eléctricos, junto con beneficios para quienes cumplen en tiempo y forma.
La polémica libertaria y el «filtro» reglamentario
El momento de mayor tensión política se vivió con el ingreso de una denuncia impulsada por la ciudadana Analía del Valle Fuentes, quien solicitó impugnar el pliego de Andrea Juárez, legisladora electa por el partido de Javier Milei. La Cámara pasó a un cuarto intermedio para que la Comisión de Asuntos Constitucionales evaluara el pedido.
La resolución fue técnica, pero con una advertencia política. El diputado Cristian Pérez explicó que el Artículo 10 del Reglamento Interno limita la capacidad de impugnar exclusivamente a diputados (en ejercicio o electos), al Ejecutivo o a partidos políticos. Al tratarse de una presentación particular, la denuncia carecía de legitimación formal.
No obstante, el oficialismo no cerró el tema por completo: aunque aprobaron los pliegos de los 18 legisladores electos el pasado 26 de octubre, decidieron incorporar la documentación de la denuncia al expediente de Juárez y mantener un «seguimiento institucional», dado que existe una causa radicada en el Ministerio Público Fiscal.
Cambios históricos y movimientos de piezas
La sesión también dejó un hito institucional con la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, una normativa que no se actualizaba desde 1986. La reforma introduce el concepto de «control concomitante», lo que permitirá auditorías en tiempo real y mayor agilidad mediante el uso de nuevas tecnologías, una medida celebrada por la diputada Teresita Luna como una herramienta de transparencia acorde a los tiempos modernos.
En el plano de la «rosca» legislativa, se confirmaron cambios de nombres clave. Juan Manuel Ártico dejará la Secretaría Legislativa el 1 de diciembre y su lugar será ocupado por la ex senadora y actual diputada Teresita Luna, propuesta desde la presidencia.
Finalmente, el peronismo reordenó su tropa en la Cámara: el Bloque Justicialista quedará bajo la presidencia de Cristian Pérez, secundado por Carla Aliendro y Luis Rojo, preparándose para un 2026 que, según los números aprobados, exigirá cintura política y administración de recursos escasos.
