En una conferencia de prensa incendiaria, el magistrado federal de La Rioja se defendió de las acusaciones de «cajoneo» y responsabilizó a la Fiscalía por la demora de ocho años en el expediente. Confirmó que el exgobernador no está imputado, pero que exfuncionarios como Néstor Bosetti ya pasaron por indagatoria. La trama de los «firmantes engañados» y el riesgo de prescripción en 2026.
El Juez Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, decidió salir del hermetismo y enfrentar los micrófonos para aclarar su actuación en la reactivada y polémica «Causa de las ONG». En una conferencia de prensa cargada de tensión, el magistrado rechazó las versiones periodísticas que lo señalaban por la parálisis del expediente y lanzó una cifra que estremece: la investigación abarca un presunto desfalco actualizado de más de 1.000 millones de pesos.
El expediente, que investiga delitos de defraudación a la administración pública y lavado de activos entre 2013 y 2015, volvió a cobrar vida tras años de letargo. Herrera Piedrabuena fue tajante al explicar por qué la causa estuvo dormida: «La causa estuvo casi 8 años en la Fiscalía Federal sin producirse el requerimiento ordenado. No estuvo en este juzgado, como malintencionadamente se publica». Según el juez, la nulidad dictada por la Cámara Federal de Córdoba en 2017 obligó a rehacer la acusación, trámite que recién se completó hace unas semanas.
La situación de Beder Herrera y los exfuncionarios
Uno de los datos políticos más relevantes que arrojó la conferencia fue la situación procesal del exgobernador Luis Beder Herrera. Ante la consulta directa sobre si el exmandatario estaba bajo la lupa, el juez fue categórico: «El exgobernador no figura en el requerimiento de acusación».
Sin embargo, la suerte es distinta para otros integrantes de aquella gestión. El magistrado confirmó que el exvicegobernador y exministro Néstor Bosetti y el exfuncionario Roberto Crovara ya se presentaron a prestar declaración indagatoria, absteniéndose de declarar.
La «trazabilidad» del dinero y los vecinos engañados
El juez describió una maniobra compleja donde fondos nacionales ingresaban a las arcas provinciales y eran derivados a fundaciones. El problema, según explicó, radica en la falta de «trazabilidad del dinero»: «Hay una persona X que fue y retiró dinero, ¿qué pasó después? Eso es lo que falta».
En este punto, Herrera Piedrabuena reveló un drama social detrás de la estafa. Muchos de los imputados son vecinos comunes que fueron utilizados como prestanombres. «Causa estupor ver personas que firmaron creyendo que era para arreglar la plaza del barrio o la escuela. Les decían ‘vas a ser tesorero’ y ellos creían en eso», relató el magistrado, exponiendo cómo se utilizó la buena fe de la gente para armar la estructura legal de las ONG fantasmas.
Defensa cerrada a su secretario y críticas al periodismo
El juez dedicó un tramo especial de su alocución para defender a su Secretario Penal, el Dr. José Luis Combina, quien había sido señalado por supuestos vínculos incompatibles con la causa.
«Es una total mentira. Jamás podría permitir que un secretario con vinculación participe. Se trata de enlodar y dejar mal parada a la justicia», disparó Herrera Piedrabuena. Aclaró que la actuaria del expediente es la Dra. Chumbita y calificó las acusaciones contra su funcionario como «mendaces, espurias y dañinas», exigiendo un «periodismo serio y responsable».
El reloj corre: riesgo de prescripción
La reactivación de la causa no es casual. El juez admitió que la inminencia de la prescripción en 2026 fue uno de los motores para acelerar los tiempos. Con más de 230 personas citadas a indagatoria, el juzgado corre una carrera contra el tiempo entre planteos de nulidad de las defensas y la necesidad de elevar la causa a juicio antes de que los delitos caduquen.
«Van a venir incidentes, apelaciones a la Cámara Federal y planteos de competencia. Esto no termina mañana», advirtió el juez, anticipando una larga batalla legal que recién comienza.
