La abogada de los 50 trabajadores despedidos de la fábrica Vulcanar en Sanagasta denunció graves irregularidades tras una audiencia fallida. Apuntó contra el gremio por no informar sobre la situación legal de la firma y advirtió que, si no hay respuestas el próximo martes, iniciarán acciones judiciales. La insólita propuesta de pagar indemnizaciones con zapatillas.
El conflicto laboral en la planta de Vulcanar, ubicada en Sanagasta, escaló este miércoles tras una reunión clave que dejó más dudas que certezas. Ivana Cattaneo, abogada representante de los 50 operarios desvinculados, expuso un escenario de «mala fe contractual» por parte de la patronal y complicidad sindical, revelando que los trabajadores desconocían que la empresa ya había iniciado un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), paso previo a la quiebra o el concurso.
En declaraciones tras el encuentro, al que los dueños de la firma no asistieron, la letrada fue contundente: «La empresa de Córdoba no concurrió y hace rato que ni siquiera contestan el teléfono, solo nos atiende una secretaria». La audiencia contó con la presencia del intendente Federico Sbiroli y representantes gremiales, pero la silla vacía de la patronal impidió cualquier acuerdo.
«El gremio lo sabía y no informó»
Uno de los momentos más tensos relatados por Cattaneo fue el cruce con el representante sindical. Según la abogada, los trabajadores se enteraron recién hoy, por su intermedio, de la fragilidad legal de su situación. «Le pregunté al secretario sindical, el señor Carrizo, si tenía conocimiento del procedimiento de crisis y me dijo que sí. Pero eso se omitió informar a los empleados», denunció.
Esta falta de información es crítica, ya que el PPC habilita a la empresa a tomar medidas drásticas como suspensiones o reducciones de indemnización, algo que los operarios ignoraban mientras la firma «amenazaba con quiebras».
¿Indemnización con zapatillas?
La negociación se encuentra en un punto muerto. Cattaneo confirmó que el objetivo es cobrar el 100% de lo adeudado, aunque reconoció las dificultades prácticas. Ante la falta de liquidez, surgió una propuesta alternativa que bordea lo insólito: «Una parte en efectivo y otra parte en zapatillas que se venderían al Estado», explicó la abogada sobre la posible forma de pago.
Sin embargo, para avanzar con cualquier esquema, la presencia de los dueños es obligatoria. «No podemos hacer ninguna conciliación si no está la empresa», remarcó.
Ultimátum: el martes, fecha límite
A pedido de la Secretaría de Empleo y con el compromiso del intendente Sbiroli de interceder, se fijó una última audiencia para el próximo martes. Será el intento final por la vía administrativa.
«Vamos a aguardar hasta el martes para no cerrar la puerta. Si no aparecen, tendremos que accionar judicialmente», advirtió Cattaneo. La urgencia de los trabajadores es doble: no solo buscan cobrar sus años de servicio, sino que necesitan la formalización del despido (directo o indirecto) para poder acceder al Fondo de Desempleo, un trámite hoy bloqueado por la inacción de la empresa.
