La confirmación de las renuncias a disposición en el gabinete de Armando Molina no es un mero trámite administrativo: es la señal política de que el Palacio Ramírez de Velasco ha decidido atar su suerte a la estrategia de Ricardo Quintela. Entre la contención de la tropa propia y el «equilibrio imposible» en la guerra del transporte, el peronismo capitalino se prepara para dos años de resistencia.
Las declaraciones del Secretario de Gobierno, Oscar Nicolás Luna, funcionan como una radiografía del estado de situación en el distrito electoral más importante de La Rioja. Al confirmar que el gabinete municipal presentó su renuncia «allá por septiembre», el funcionario blanqueó lo que en los pasillos del poder era un secreto a voces: la sincronización total entre la gestión del intendente Armando Molina y la Casa de las Tejas.
En política, los tiempos no son inocentes. Que las renuncias municipales hayan coincidido temporalmente con la crisis de gabinete provincial y la posterior solicitud de dimisiones por parte de Quintela, envía un mensaje inequívoco hacia adentro y hacia afuera del PJ: no hay lugar para el librepensamiento ni para proyectos personales. La Capital se ha convertido en el bastión defensivo del proyecto provincial ante el avance libertario y la asfixia financiera.
La trampa de Uber y el manejo de la calle
El análisis político del conflicto del transporte revela la compleja «cintura» que debe tener la gestión local. Luna se definió como un «equilibrista», y la metáfora es precisa. El municipio se enfrenta a un dilema de hierro:
- La base tradicional: Los taxistas y remiseros son un sector gremial históricamente ligado al peronismo y con capacidad de daño en la calle.
- La demanda social: La clase media y los jóvenes (muchos de ellos votantes de Milei) exigen la modernización y el uso de apps.
La estrategia de la «Mesa de Trabajo» y el argumento técnico de los «seguros habilitantes» para frenar a las Uber Motos es una jugada de manual del peronismo clásico: dilatar para no romper. Al exigir un requisito de imposible cumplimiento inmediato (seguros que las aseguradoras aún no emiten masivamente para ese fin), el municipio protege el mercado de los taxistas sin tener que prohibir explícitamente la «libertad de trabajo» que pregona el gobierno nacional. Es una barrera paraarancelaria política disfrazada de preocupación por la seguridad vial.
La «municipalización» de la economía
Quizás el dato más revelador del modelo de gestión para la etapa 2025-2027 sea la reivindicación de la obra pública «por administración». Ante el corte de fondos nacionales para infraestructura, Molina ha optado por convertir al municipio en una gran empresa de servicios ejecutada por sus propios empleados.
Esta decisión tiene una doble lectura política. Por un lado, es una medida de austeridad obligada por la realidad: ya no hay margen para contratar empresas privadas y pagar sus márgenes de ganancia. Por el otro, es una herramienta de consolidación de lealtades: al repartir los «ahorros» en forma de adicionales salariales a los trabajadores municipales, la gestión fideliza a su propia estructura burocrática, convirtiendo al empleado público en el primer militante de la gestión.
El soldado orgánico
Finalmente, el perfil de Luna refuerza la idea de un «gobierno de leales». Al descartar ambiciones personales inmediatas y definirse como un «servidor público» a disposición de la conducción, marca la pauta de lo que se espera de los funcionarios en esta etapa de crisis: perfil bajo, gestión alta y cero interna.
En conclusión, el municipio de la Capital ha entrado en modo «bunker». Con las renuncias sobre la mesa como garantía de disciplina, la gestión se enfoca en administrar la escasez, contener los conflictos sectoriales con burocracia creativa (como en el caso Uber) y esperar a que aclare el panorama nacional, siempre bajo el paraguas protector —y la conducción férrea— del gobernador Quintela.
