El magistrado trazó un duro diagnóstico sobre la realidad delictiva de la provincia, diferenciando las grandes organizaciones criminales de las redes de venta locales que «destruyen familias». Además, rompió el silencio sobre la polémica «Causa ONG», desmintió la parálisis del expediente y cruzó las versiones sobre supuestos vínculos políticos: «Jamás permitiría que un funcionario con intereses intervenga; eso es una total mentira».
El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, brindó una extensa entrevista en la que abordó sin filtros los temas más calientes de la agenda judicial y social de la provincia. Desde el combate contra la venta de estupefacientes hasta las sospechas que recaen sobre el manejo de causas sensibles vinculadas al poder político, el magistrado dejó definiciones contundentes y reclamó una mayor «ocupación» del Estado frente al flagelo de las adicciones.
«La justicia federal de La Rioja está de pie y trabajando», sentenció Herrera Piedrabuena al inicio del diálogo, buscando despejar cualquier duda sobre la operatividad de su juzgado. Sin embargo, fue al analizar la situación del crimen organizado cuando lanzó su definición más fuerte, marcando una diferencia conceptual clave para entender la inseguridad en la región.
Narcotráfico vs. Narcomenudeo: una distinción clave
Lejos de las comparaciones con Rosario o el conurbano bonaerense, el juez fue categórico al describir el mapa del delito riojano. «No podemos hablar de narcotráfico porque eso implica organizaciones grandes, con poder económico y financiero. Lo que tenemos acá son redes pequeñas, y un problema serio de consumo», explicó.
Para Herrera Piedrabuena, el verdadero enemigo en las calles de La Rioja es el narcomenudeo, una modalidad capilar que penetra en los barrios y se alimenta de la vulnerabilidad de los jóvenes. «La droga mata, destruye familias y genera caos. Es fundamental que trabajemos juntos para evitar que los jóvenes caigan en el consumo o se involucren en la venta», reflexionó, advirtiendo que aunque se desarticulan «kioscos» de venta, estos «tienden a reorganizarse» rápidamente.
En este punto, el magistrado hizo un llamado de atención a los otros poderes del Estado y a la sociedad civil, reconociendo las limitaciones del Poder Judicial. «Hay mucha preocupación pero poca ocupación. La Justicia Federal no tiene los medios para tratar al adicto. Esa responsabilidad es de los otros poderes y también de la sociedad», disparó.
La defensa en la «Causa ONG»
El juez también aprovechó la oportunidad para responder a las críticas y rumores periodísticos que sugerían una supuesta paralización o manipulación política en la investigación de la llamada «Causa ONG», que involucra el manejo de fondos públicos.
Visiblemente molesto con las versiones que señalaban la injerencia de funcionarios con lazos familiares en el expediente, Herrera Piedrabuena fue tajante: «Jamás permitiría que alguien con vínculo político o familiar intervenga en esta causa. Eso que dicen es una total mentira. La verdad está en el expediente».
El magistrado calificó esas informaciones como «mendaces» y atribuyó las demoras procesales a la complejidad de la investigación y a los tiempos de la Fiscalía, no a una inacción del juzgado. «Queremos una justicia seria y responsable, pero también un periodismo serio y responsable. Los hechos hablan por sí solos. Lo que no vamos a permitir es que se instalen mentiras para confundir a la sociedad», advirtió.
Cárcel federal y modernización
De cara al futuro, Herrera Piedrabuena se mostró a favor de que la región cuente con infraestructura penitenciaria propia para delitos federales, un déficit histórico que obliga a alojar detenidos en dependencias provinciales o trasladarlos a otras jurisdicciones. «Sería importante contar con un servicio penitenciario federal, no solo para La Rioja sino también para las provincias vecinas», sostuvo.
Finalmente, destacó los avances en la digitalización como una herramienta para agilizar los procesos, aunque reconoció que la percepción pública todavía es de lejanía. «Sabemos que la gente muchas veces siente que la justicia es lenta. Nuestro desafío es revertir esa imagen, mostrando transparencia», concluyó.
